La Fiscalía de Sevilla se querella contra una edil del PA en Aznalcázar por tráfico de influencias

La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella contra Ana Isabel Sánchez Romero, concejal andalucista y delegada de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), y contra otras 11 personas, entre ellas sus padres, su hermano y cuatro de sus tíos por los supuestos delitos de tráfico de influencias y abuso de información privilegiada. La fiscalía también ha solicitado 10 años de inhabilitación para el ex alcalde de Coria Tomás Alfaro por un centenar de contratos.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía el verano pasado por el grupo municipal socialista de Aznalcázar, que se encuentra en la oposición frente a un gobierno formado por andalucistas, populares e independientes.

El Fiscal relata en la exposición de hechos que Ana Isabel Sánchez Romero supo, cuando llegó al gobierno municipal, de que la finca rústica de cinco hectáreas Escamillas se iba a declarar urbanizable. "Con la intención de obtener un beneficio económico y aprovechándose de esa información", compró en octubre de 2003 con un grupo de familiares directos y allegados el terreno. Pagaron 480.800 euros y, a los tres meses, el 24 de enero de 2004, la vendieron a Benalija, SL, por 1.149.000 euros "declarados". La compra venta de la finca tuvo lugar a los pocos meses de las elecciones municipales de 2003 y siendo alcalde el andalucista Juan Gómez Marcelo.

La Fiscalía entiende que el grupo estaba dirigido por el querellado Manuel Manfredi Manfredi, un promotor de viviendas que, según consta en la denuncia, "conoce las fechas y los precios y tiene en su poder la documentación de toda la operación".

La denuncia dice que la información urbanística sobre la recalificación de la parcela no era pública en el momento de la compra porque, "si lo hubiera sido, el inicial propietario no habría vendido su finca por la mitad de lo que se vendió sólo tres meses después". Añade el texto del fiscal que las pruebas documentales recibidas del Ayuntamiento "confirman la anticipación de la concejal y sus familiares" y que la concejal denunciada participa "en todos los actos del Ayuntamiento relacionados con la finca mencionada".

Ana Isabel Sánchez Romero aseguró ayer que no tiene conocimiento de esta querella. María de los Ángeles Sánchez, secretaria de comunicación del PA en Sevilla, dijo que desde 1992 "se sabía" en el municipio que la parcela se iba a recalificar. La actual alcaldesa de Aznalcázar, Antonia Ginés (PP), aseguró que en ningún momento se ha beneficiado a ningún concejal.

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado 10 años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación continuado para Tomás Alfaro (PA), ex alcalde de Coria del Río (Sevilla), por 127 contratos en supuestamente firmados en fraude de ley. Alfaro reiteró ayer que es inocente.