Los rectores piden al Gobierno un modelo de financiación universitaria

Los rectores pedirán al Gobierno que elabore modelos de financiación para las universidades que tengan que asumir las comunidades autónomas para asignar cada año los recursos que necesitan. Ésta es una de sus propuestas de cambio en el texto de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Los rectores solicitan que sea cada universidad quien determine el sistema de elección de su rector, por sufragio universal (como ahora) o por el claustro.

Los rectores debatieron ayer los cuatro documentos que han elaborado para reformar la Ley de Universidades y cuyas conclusiones harán llegar hoy al Ministerio de Educación. El que se refiere a los asuntos económicos recogía la obligación del Gobierno de establecer modelos de financiación "que serán adoptados por las comunidades autónomas para establecer planes de financiación de la educación universitaria con carácter plurianual y atendiendo a criterios de suficiencia, eficiencia y equidad". Posteriormente las comunidades "determinarán y asignarán anualmente" los recursos a sus respectivas universidades públicas.

A cambio, los rectores introducen un artículo en la ley que establece que el Consejo de Coordinación Universitaria elaborará "anualmente" un informe con las actividades académicas, productivas y financieras que "permita conocer el comportamiento del gasto universitario" y los resultados alcanzados. Este documento lo debatieron ayer antes de presentar un texto definitivo al ministerio. En él se pedía también que las universidades, las fundaciones que dependen de ellas, y sus colegios mayores estén exentos de pagar impuestos autonómicos y municipales.

El último borrador que presentó el Ministerio de Educación para reformar la LOU ofrecía dos posibilidades para la elección del rector, que el modelo lo determinara la propia universidad o la comunidad autónoma. Los rectores prefieren que sea la universidad quien decida si es por sufragio universal o por el claustro.

También optan por "eliminar la participación del Consejo Social en el nombramiento del gerente" de la universidad, por considerar que este es un cargo que ha de ser de confianza del rector. El Consejo Social es el órgano de representación de la sociedad en la universidad. Prefieren que el presidente de este consejo sea nombrado por el Gobierno de la comunidad y no por su Parlamento. De ser el Parlamento, el presidente del consejo podría tener "mayor representatividad aún que el propio rector", observan.

Respecto a los estudiantes se pide un programa general de becas que "fomente el intercambio y la movilidad nacional e internacional" y que se garantice un compromiso económico para ello "social, eficiente y sostenido". Los estudiantes, sostienen, deberán tener "una corresponsabilidad creciente en la gestión" de las becas, recibirán una "formación en valores" y participarán en los procesos de acreditación de los estudios y titulaciones así como en la mejora y seguimiento de la calidad y la innovación de la docencia, la investigación y la promoción cultural.