Simancas propondrá a Aguirre fijar juntos una posición sobre la financiación regional

El portavoz socialista en la Asamblea regional, Rafael Simancas, propondrá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ambos acuerden una posición común ante una posible reforma del sistema de financiación en la región. El líder socialista anunció ayer que enviará una carta a Aguirre para solicitarle formalmente una reunión antes de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde están representadas todas las comunidades y el Gobierno central) para discutir el sistema fijado para Cataluña en la negociación del Estatuto. El Ejecutivo regional rechazó comentar esta petición de Simancas hasta que le llegue la misiva, según una portavoz.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne el próximo 31 de enero para celebrar un primer debate sobre los cambios introducidos en el Estatuto catalán y su compatibilidad con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas vigente en la actualidad.

El Estatuto catalán incluirá una mayor participación de Cataluña en los principales impuestos estatales y, por tanto, supondrá redefinir los criterios de solidaridad entre las comunidades autónomas. De ahí que el Gobierno central pretenda ahora convertir el nuevo modelo pactado para en Ley de Financiación.

Hasta ahora, las comunidades gobernadas por los socialistas han considerado que el acuerdo les beneficia, mientras que aquéllas dirigidas por los populares han exigido en sus regiones las mismas inversiones que recibirá en el futuro Cataluña, idéntica financiación y han criticado que con los cambios se rompe el pacto de solidaridad entre las regiones.

Intereses de Madrid

Por eso, Simancas pretende que la presidenta regional se pronuncie sobre la postura que mantendrá en la reunión del consejo. "Aguirre debe acudir a esa negociación en representación de los intereses de Madrid y no para reproducir las consignas rupturistas y extremistas que dictan [Eduardo] Zaplana y [Ángel] Acebes", subrayó el portavoz socialista.

Según él, la situación ideal sería que la presidenta regional acudiera con una postura "tratada y consensuada entre los grupos políticos de Madrid". También explicó que le preguntará a la presidenta regional el sentido de su participación en el debate territorial. "Dónde quiere ir y adónde quiere llevar a la Comunidad de Madrid", precisó.

Después, puntualizó: "Si va a jugar a ser capitana del sector radical del PP, que ocupe un despacho en la calle de Génova y desocupe el de la Puerta del Sol, porque es necesario que lo ocupe alguien que esté dispuesto a dar todo por los intereses y los de los ciudadanos de Madrid".

Según Simancas, la presidenta regional no puede negarse a su oferta de acordar una postura común. "Estamos hablando de la financiación para la región a medio y largo plazo, lo que va a afectar a esta legislatura y también a la próxima", recalcó.

"Si a partir de ahora la financiación de las comunidades autónomas depende de la recaudación del IVA [Impuesto de Valor Añadido] y el IRPF [Impuesto de la Renta de las Personas Físicas], eso va a beneficiar a las que tienen más dinamismo. Va a beneficiarnos a los madrileños, sin lugar a dudas", añadió.

Simancas también pretende plantearle a la presidenta que mantenga una actitud favorable a la propuesta de reforma del sistema de financiación del vicepresidente Pedro Solbes. "Es una buena propuesta para España, para Cataluña y para Madrid. Supone más financiación en general para los gobiernos autonómicos, y más corresponsabilidad fiscal. Esto va a suponer más recursos para la región respetando el principio de cohesión y de solidaridad", aseguró.

Una vez que el Consejo de Política Fiscal y Financiera apruebe el nuevo modelo de financiación, éste deberá ser ratificado por cada comunidad autónoma que puede o no adherirse a este sistema.

Ya ocurrió en 1996, cuando Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura rechazaron el modelo pactado entonces por el PP y el entonces presidente catalán, Jordi Pujol. El Gobierno de Aguirre tendría la opción de mantener el sistema vigente indefinidamente si considera que éste es más conveniente para la región.