El presidente del Poder Judicial vota contra un texto del Estatuto anterior a la negociación
Hernando incumple su palabra para que los conservadores aprobaran un informe que nadie pidió
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Francisco Hernando, cambió ayer de idea respecto a que el organismo que dirige no debía pronunciarse sobre el Estatuto catalán hasta que no hubiera dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso y decidió votar un informe muy crítico con el texto, redactado por un vocal conservador y que nadie había pedido. Su voto inclinaba la balanza (diez a nueve) a favor de los conservadores, aunque al final no hizo falta porque cinco vocales progresistas, como protesta por la actitud de Hernando, se ausentaron de la votación.
El informe tilda de inconstitucional un texto muy distinto al que saldrá aprobado del Congreso, pues ya ha sido profundamente enmendado tras la negociación entre el Gobierno y los partidos catalanes.
Hernando, que preside el Poder Judicial, no promovió la inclusión del polémico informe en el orden del día del pleno que se celebró ayer. Pero tampoco se opuso a que lo hiciera el vocal Adolfo Prego, miembro de la mayoría conservadora y futuro patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española que se presenta hoy en Madrid y en la que comparte cargo con el ex dirigente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, el escritor Jon Juaristi y el sociólogo Amando de Miguel, entre otros. Durante una comparecencia pública, Hernando consideró hace 15 días que el Poder Judicial no debía pronunciarse sobre ese documento al menos hasta que lo hiciera la Comisión Constitucional del Congreso, algo que aún no ha sucedido.
Los vocales de la minoría progresista solicitaron ayer a Hernando que cumpliera con su palabra y no votara o lo hiciera en contra del informe para no interferir en las negociaciones del Gobierno con los partidos catalanes. Sin su voto favorable se habría producido un empate a nueve entre los vocales de las dos sensibilidades representadas, ya que el independiente Agustín Azparren anunció su intención de no apoyar la propuesta.
Pero Hernando, pese a su compromiso público, votó a favor. "Tras el anuncio del Gobierno de que se había alcanzado un texto consensuado, el presidente ha considerado que se podía votar", afirmó el portavoz del Consejo, Enrique López, para justificar la actitud de Hernando. La votación se hizo sobre un texto que no tiene nada que ver con el que ha sido consensuado.
Monserrat Comas, vocal propuesta por el PSOE, recordó que sólo CiU e Iniciativa per Catalunya han pactado con el Gobierno. La negociación, explicó Comas, continúa con ERC, por lo que realmente no existe aún el consenso sobre el texto que, según López, argumentó el presidente.
Como el pasado noviembre, cuando se aprobó el estudio en comisión, el debate más agrio se centró en la competencia del Consejo para dictaminar sobre el Estatuto. Los progresistas mantuvieron que el órgano de gobierno de los jueces no estaba habilitado para aprobar el informe, y pidieron que se retirara. El documento, que encuentra 19 motivos de inconstitucionalidad en la propuesta, se elaboró sin que el Congreso o el Senado lo solicitaran.
Ausencias en la votación
El proyecto tampoco versa sobre las materias en las que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la opinión del Consejo es preceptiva. Estas razones llevaron a cinco de los nueve vocales progresistas a ausentarse durante la votación. Los cuatro restantes se abstuvieron.
La mayoría conservadora apoyó sin fisuras el texto y aclaró que el documento tiene carácter interno y no se enviará a las Cortes, por lo que afirman que el pronunciamiento del Consejo es legítimo. "El estudio sólo analiza la parte del Estatuto que se refiere al Poder Judicial y a la Administración de Justicia", señaló el vocal portavoz Enrique López. Esa parte también ha sido enmendada por los negociadores del Gobierno y los partidos catalanes.
"Ese estudio hoy ya no tiene valor", señaló el vocal propuesto por el PSOE Juan Carlos Campo, que considera que el texto que analiza ya no existe. Campo cree que su única intención era buscar un titular contrario al Gobierno y favorable a las tesis del PP.
Conservadores y progresistas reprodujeron la discusión en los mismos términos por la tarde, cuando se aprobó otro escrito de Prego que insta al Congreso a presentar un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional si considera que el CGPJ se extralimita en sus funciones.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló que en el seno del Consejo del Poder Judicial existe "una mayoría que de forma transparente y mecánica está muy alineada con las posiciones del PP". Un informe encargado por el propio Consejo del Poder Judicial sobre la opinión de jueces y ciudadanos concluye con una evaluación muy negativa del propio Consejo.
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, atribuyó ayer a la "ignorancia o la mala fe" las críticas del Poder Judicial cuestionando la constitucionalidad del proyecto de Estatut en su título sobre justicia. El Consejo de Justicia de Cataluña, un organismo consultivo dependiente de la Generalitat en el que están representados todos los profesionales de la justicia, aprobó ayer 102 recomendaciones para reformar a fondo el sistema judicial e incrementar las competencias de la Administración autonómica, informa Pere Ríos.
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