El caso Google aviva el debate sobre la privacidad de los datos en Internet

Google se niega a cumplir una orden de la Administración Bush que obliga a revelar los términos de búsqueda de sus usuarios.

La Administración norteamericana ha solicitado a un tribunal de California que fuerce al buscador líder de Internet a cumplir con una orden que supondría revelar cuáles fueron los términos de búsqueda de un amplio número de usuarios. Concretamente, la fiscalía pide una muestra al azar de un millón de direcciones de Internet, accesibles a través del motor de búsqueda de Google, así como un millón de búsquedas realizadas en el buscador a lo largo de una semana. La petición del Departamento de Justicia forma parte de los intentos de defender su proyecto de ley contra la pornografía infantil, una iniciativa de 1998 que busca penalizar a los operadores de páginas de Internet que permiten que los niños accedan a contenidos "dañinos". Tras ser bloqueada en los tribunales, en octubre deberá discutirse su necesidad ante un juez.

Mientras Google se ha negado, Yahoo, MSN y AOL han suministrado los datos solicitados aunque tanto Yahoo como AOL han insistido en que no dieron ninguna que pudiera identificar a los navegantes.

Aunque la petición de la fiscalía no supone identificar quiénes hicieron las búsquedas, las organizaciones de derechos civiles norteamericanas se preguntan cuán lejos pretende ir la administración Bush a la hora de hurgar en Internet. Shayana Kadidal, del Centro de Derechos Constitucionales, considera que esta demanda puede ser un primer paso para exigir el contenido de los correos electrónicos.

Danny Sullivan, de Search Engine Watch, advierte sobre la paranoia que puede crear este tipo de peticiones. "Esta vez no piden datos personales, pero la próxima, puede suceder".

En una encuesta de AP-Ipsos, el 56% de los norteamericanos manifiesta que la administración debe obtener un permiso judicial antes de monitorizar conversaciones telefónicas o comunicaciones en Internet. Pero en otras encuestas, cuando se les pregunta sobre cuál es su primera preocupación, si el terrorismo o la intrusión administrativa en su privacidad, la respuesta mayoritaria es: el terrorismo.

La Unión Americana para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU), el grupo más grande de estas características en el país, alega que la demanda contra Google atenta contra la libertad de expresión protegida en la Primera Enmienda.

El fiscal promotor de la misma, Alberto Gonzalez, ha insistido en que no se pregunta por la identidad de los usuarios y que los datos estadísticos son importantes para el departamento de Justicia y su defensa de la ley.

En los foros de Internet no se comprende que esta petición estadística pueda demostrar, como se pretende, la ineficacia de los filtros de contenidos de que disponen los buscadores porque estos filtros pueden activarse o no a voluntad del navegante que, además, puede escoger el grado de rigor del filtrado.

Paralelamente a la preocupación por esta iniciativa, se ha reabierto el debate sobre qué cantidad de información han de albergar las empresas que sostienen los buscadores de Internet.

Un congresista de Massachussetts ha propuesto una ley que prohiba el almacenamiento de información que identifique al internauta por parte de los buscadores "más allá de un tiempo razonable".

El San Jose Mercury recurda que los buscadores para la administracíón de los anuncios personalizados identifican la máquina de la búsqueda. El diario asegura que las políticas de privacidad de las compañías son una garantía, pero existe el peligro, desde el momento en que los datos se almacenan de que puedan ser exigidos..

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