El reparto de las inversiones

Las inversiones del Estado en Andalucía fueron motivo de bronca permanente entre la Junta y los gobiernos del PP entre 1996 y 2004. El acuerdo entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, para que las inversiones del Estado en Cataluña se hagan según la aportación de esta comunidad al producto interior bruto (PIB) estatal, el 18,5%, ha resucitado esta polémica en el debate político.

El PP ya ha dado por hecho que Andalucía va a salir perjudicada, mientras que los socialistas han recalcado que el acuerdo excluye las inversiones que el Estado realiza con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y los fondos europeos, dos instrumentos que benefician a las comunidades más pobres y que suponen una parte importante en la tarta de las inversiones estatales.

El criterio que el Ejecutivo andaluz ha defendido a lo largo de estos años es que las inversiones estatales se produzcan en función de la población.

Este criterio beneficia de forma clara a Andalucía, ya que su población supone el 17,8% en el conjunto de España, mientras que su aportación al PIB estatal asciende al 13,8%. En el caso de Cataluña, los datos se invierten. Cataluña aporta al PIB estatal el 18,5% y su población supone el 15,8%.

En los ocho años de gobierno del PP, Andalucía recibió el 13,7% de las inversiones estatales (4,1 puntos por debajo del peso de su población). Este 13,7% de las inversiones estatales en la etapa del PP se aproxima mucho a la actual aportación de Andalucía al PIB estatal (el 13,8%).

En los dos presupuestos de Rodríguez Zapatero las inversiones estatales han crecido casi tres puntos. En estos dos años, el Gobierno central ha destinado a Andalucía el 16,6% de las inversiones estatales (1,2 puntos por debajo de la población).

Los expertos consultados consideran que el criterio pactado entre Zapatero y Mas es razonable para Cataluña y que sus consecuencias sobre el resto de comunidades son limitadas por la exclusión del FCI y de los fondos europeos. "Cataluña ha tenido un déficit de financiación y de inversiones en infraestructuras en los últimos años", afirma José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, quien añade que el acuerdo se entiende por el hecho de que Cataluña "no tiene ni FCI ni fondos europeos" y porque se establece un límite temporal para la aplicación del acuerdo.

Diego Martínez, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador del Centro de Estudios Andaluces, asegura que "Cataluña ha tenido un déficit de inversión pública". En este sentido, Martínez cree que el acuerdo es "positivo" si sirve para corregir este déficit, aunque alerta de la posibilidad de que la aplicación del acuerdo suponga "pasarse de rosca".

Luis Ángel Hierro, profesor de Economía y diputado socialista en el Congreso, destaca que el acuerdo es "transitorio" y añade que la tarta de las inversiones estatales se reduce de forma considerable si se excluyen los fondos europeos y el FCI.