Regreso a Cataluña

Los llamados papeles de Salamanca regresarán el próximo lunes a Cataluña. El traslado hasta su escala temporal en el Ministerio de Cultura se hizo ayer muy de mañana desde la ciudad castellana. Con gran discreción, por temor a incidentes, y con la feroz resistencia del alcalde, el popular Julián Lanzarote, que rechazó la licencia para la carga, denegó la colaboración de la policía municipal y obligó a efectuarla en carretillas. Insistió, además, en calificarlo de forma dramática y grandilocuente como un "expolio y una humillación" para el pueblo salmantino; una humillación extensiva a todos los españoles, según el secretario general del PP, Ángel Acebes.

Lanzarote ha decidido interponer un recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar desde Madrid la operación, un recurso que se suma al que el Gobierno de Castilla y León ha presentado al Tribunal Constitucional. No parece que las autoridades autonómicas y municipales tengan mucha confianza en la justicia a tenor de algunos de sus comentarios. Son acciones muy legítimas, no del todo entendibles desde una óptica ajena a la política. Y es que ésa ha sido una de las debilidades del asunto -su politización abusiva- sobre el que se han alentado sentimientos nacionalistas y han influido muchos intereses partidistas.

El traslado obedece al cumplimiento de una ley, aprobada por el Parlamento el pasado noviembre, con el voto de todos los grupos a excepción del PP, por la cual se satisface una petición de tres décadas de la Generalitat para devolver a Cataluña medio millar de cajas que se hallaban depositadas desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca y que contienen legajos históricos del propio Gobierno catalán y documentos privados, en su mayoría papeles policiales sobre la detención y fusilamiento de antifascistas, requisados por las tropas franquistas. Una comisión de expertos, designada por el actual Gobierno, recomendó hace un año su devolución, al estimar la petición justa por entender que se trató de un expolio de documentos incautados por las armas. La ley ordena que quede copia en Salamanca del material restituido y se cree en la ciudad un centro documental sobre la memoria histórica del franquismo. Es discutible la tesis de quienes sostienen que con ello se rompe la unidad del archivo, pues se trata de un caso de usurpación violenta y de reclamación posterior.

Un país debería ante todo priorizar la capacidad de acceso de los investigadores antes que el lugar de depósito del material que investigan. Por desgracia, en eso sí que aún vale lo de que España es diferente. Preocupémonos de satisfacer las demandas de historiadores nacionales y extranjeros para solventar el desorden, los obstáculos y las insuficiencias de nuestros archivos antes que jalear las rivalidades territoriales. Pero tal vez con eso no se ganen muchos votos.