El sector educativo critica el ejercicio y dos centros se declaran en rebeldía

La "evaluación diagnóstica" organizada por la Consejería de Educación ha sido criticada por las asociaciones mayoritarias de padres; la Permanente de directores de Infantil y Primaria de Valencia; los sindicatos de enseñanza; el PSPV y Esquerra Unida. Al menos dos centros, el colegio público Cervantes, de Buñol, y el Sagrada Familia de Xixona, han dado un paso más; han comunicado a la consejería que sus alumnos no realizarán el examen.

El claustro de profesores del Cervantes decidió por unanimidad rechazar la prueba, entre otras razones, porque desconoce su objetivo y finalidad; porque no se les ha consultado para elaborarla y porque no atiende a la diversidad del alumnado. El centro recibió ayer un comunicado de la consejería en el que se recuerda a la dirección su "obligación de colaborar en el proceso de evaluación". El colegio de Xixona recibió un escrito idéntico.

La Generalitat rechazó en 2005 participar en el 'informe PISA'

El Sindicat de Treballadors i Treballadores del Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha censurado la "urgencia innecesaria" con la que se realiza la prueba -los colegios fueron advertidos la semana pasada- y considera que "solamente sirve para ayudar al Consell en su batalla partidista con el Gobierno".

La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapa) lamenta que la iniciativa no se haya debatido ni en el Consejo Escolar ni en la Mesa de Padres, e insta a la consejería a centrar sus evaluaciones en el funcionamiento de "las instalaciones, los servicios de transporte y los comedores".

La Permanente de Directores de Centro se mostró sorprendida por haberse enterado de la realización de la prueba a través de la prensa, por desconocer los objetivos que se persiguen con ella y "mucho menos el uso que se le va a dar". "Dado el escándalo de lo sucedido en Madrid", prosigue el comunicado, la Permanente "ve con recelo y con mayoritario rechazo" el examen y confía en que no dé pie a una "dinámica de comparación simplista, puesto que cada centro tiene su punto de partida".

El portavoz de Educación del PSPV, Miquel Soler, tachó de "chapuza integral" la prueba, promovida por la consejería y diseñada por el Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa.

Soler recordó que, a mediados del año pasado, la Generalitat rechazó que el próximo informe Pisa, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), contenga datos significativos sobre la Comunidad Valenciana. Una posibilidad a la que se han sumado 10 autonomías, entre ellas Castilla y León, Andalucía y el País Vasco, gobernadas por el PP, el PSOE y los nacionalistas vascos respectivamente. El informe PISA ofrece datos educativos comparados de 59 países.

El portavoz socialista recordó que tanto la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, aprobada por el anterior Gobierno del PP, como la Ley Orgánica de Educación que ultima el Ejecutivo, prevén pruebas diagnósticas, pero que en su diseño deben participar los actores implicados.