Tabares confirma que el contrato de Julio Iglesias superaba lo que se hizo público

José María Tabares, ex director del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), que declaró ayer como imputado en un supuesto delito fiscal en el juzgado de instrucción número 14 de Sevilla mediante exhorto, aseguró ante el magistrado que el contrato que firmó con el cantante Julio Iglesias para que promocionara la Comunidad Valenciana es legal y explicó que todos los pagos se realizaron conforme a la legislación contable y tributaria de forma rigurosa. El contrato, según matizó su abogado, Juan Ignacio Sáez, a la salida del juzgado, está articulado en "un documento base y varios anexos" y en el mismo queda claro que a Julio Iglesias se le iban a pagar casi 1.000 millones de pesetas.

"Lo que se informa a las Cortes Valencianas es cosa de los políticos. Toda la documentación y los contratos son conforme a ley y así lo ha dicho la Agencia Tributaria", manifestó Tabares a los periodistas al finalizar su comparecencia. El ex responsable del Ivex señaló que él cumplió con sus obligaciones fiscales bien asesorado por los expertos y por eso afirmó que está muy tranquilo. Y añadió que ya la Agencia Tributaria ha dicho que "todo se hizo conforme a la ley".

Tabares es el único imputado en la querella que presentaron en mayo de 2004 varios diputados socialistas por el supuesto pago en dinero negro a Julio Iglesias para que ejerciera de embajador cultural de la Comunidad Valenciana. El documento suscrito entre el ex responsable del Ivex y el artista se firmó en diciembre de 1997. Según el PSOE valenciano, se ocultó al Parlamento autonómico que había un contrato B que elevaba hasta los 990 millones de pesetas libres de impuestos el importe a pagar al cantante, cuando un primer contrato oficial establecía que sólo se le entregarían 375 millones. Los dos textos, según los denunciantes, se firmaron el mismo día y los impulsó personalmente el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

Tabares piensa que esta querella contra él es "temeraria". "Un asunto de políticos que no tiene fundamento jurídico y que yo no voy a politizar", señaló. También pidió a los políticos que no lo usen como "chivo expiatorio" ni como "arma arrojadiza".

Tabares prestó declaración en Sevilla porque tiene establecido su domicilio en esta ciudad. Su citación ha sido dificultosa, según fuentes judiciales, porque los querellantes facilitaron un domicilio erróneo y cuando se localizó su residencia se encontraba de viaje en Japón. Los hechos se investigan en el juzgado de instrucción número 19 de Valencia.