El PSE obliga al Ejecutivo a aclarar el retraso en liquidar las Cámaras urbanas

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, deberá acudir proximanente al Parlamento para explicar el retraso cercano a un año que arrastra la aprobación del decreto que liquidará las tres Cámaras de la Propiedad Urbana como corporaciones de derecho público. El parlamentario socialista Jesús Loza, quien registrará esta misma semana la interpelación a la número dos del Ejecutivo, considera lógica la preocupación ante este retraso, vistos los informes de los auditores oficiales que apreciaron en su día pérdidas patrimoniales elevadas por una gestión deficiente de las Cámaras de la Propiedad, sobre todo en Guipúzcoa y Vizcaya.

Fuentes de la consejería de Vivienda insistieron a este periódico que el decreto se encuentra a falta simplemente de cerrar "los últimos flecos".

Aunque la decisión de liquidar dichas entidades es anterior, el decreto que la debe hacer efectiva lleva dando vueltas desde hace casi un año entre los departamentos de Hacienda y Vivienda y la Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo. Fuentes del departamento que encabeza Javier Madrazo, que tiene la tutela de las tres Cámaras urbanas, recalcan que el proyecto de decreto ya cuenta con el informe jurídico preceptivo. Estas mismas fuentes no se atrevieron, sin embargo, a ofrecer una fecha aproximada para la presentación del texto en el Consejo de Gobierno para su aprobación.

Los socialistas quieren que sea Zenarruzabeitia quien aclare la situación exacta en que se encuentra el texto legal. El PSE considera que todo este retraso se traduce en pérdidas patrimoniales de unos bienes que, en parte, ya deberían ser públicos.

El decreto establece que todo el patrimonio generado por las Cámaras durante el tiempo en que los propietarios de viviendas tenían que abonarle una cuota obligatoria ha de pasar al sector público. Sólo entre los años 1999 y 2002, la Cámara de la Propiedad de Guipúzcoa perdió un total de 910.346 euros, según los resultados de la citada auditoría.Los departamentos de Hacienda y Vivienda pactaron ya en el mes de septiembre de 2003 la liquidación de las tres Cámaras de la Propiedad. En diciembre de ese mismo año se conocía la auditoría oficial, que descubrió graves problemas financieros en estas entidades, sobre todo en las de Vizcaya y Guipúzcoa. Debido a unas estructuras de gastos sobredimensionadas y a algunas decisiones financieras equivocadas, perdieron cerca de un 10% de los 18,1 millones de euros en que fue tasado su patrimonio en 2003.

El que se está tramitando actualmente es el segundo proyecto de decreto que maneja la Administración autónoma, tras el que remitió a mediados de 2004 a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior vasco para evitar una reprimenda judicial por su dilación en cumplir los términos de una sentencia precedente. La Sala condenó al Gobierno en 2002 a liquidar las cámaras como corporaciones de derecho público y a asumir a su personal, en aplicación de un Real Decreto del Gobierno central que se remonta al año 1994. En el mes de julio de 2004, y ante la pasividad del Ejecutivo a la hora de llevar a cabo los términos de la resolución, el Superior dictó un auto de ejecución de sentencia en el que le advertía de que, si no integraba a los trabajadores de las tres cámaras en la Administración, el tribunal lo haría por sus propios medios.

La última versión del decreto establece el cese de las funciones que desempeñan actualmente las tres Cámaras de Euskadi. A partir de ese momento, será el Departamento de Vivienda quien asuma los servicios que desempeñan estos organismos, tales como la información a los propieatrios de inmuebles sobre sus derechos y obligaciones o el visado oficial y el registro de los contratos de arrendamiento.

Servicios

El gran cambio en la prestación de los servicios es que ahora la ventanilla estará abierta no sólo para el propietario de un inmueble, sino también para sus inquilinos, mientras que hasta el momento se trataba exclusivamente de asociaciones de parte.

Las tres Cámaras de la Propiedad han anunciado ya que piensan recurrir el decreto a los ribunales en cuanto sea aprobado por el Gobierno, ya que consideran innecesario poner fin a estas entidades. El trámite de su liquidación como corporaciones de derecho público está establecido por la propia legislación vigente, aunque fruto del acuerdo, el Gobierno podría ceder a las asociaciones herederas de las Cámaras de la Propiedad -siempre con un nuevo estatus jurídico- sus edificios, parte de los bienes y el personal que no quiera pasar a trabajar en la Administración para que comiencen a desempeñar su nueva labor.

Mientras tanto, y según el actual borrador de decreto, la consejería de Vivienda desempeñará las funciones de mediación y conciliación en los conflictos entre propietarios e inquilinos, siempre que ambas partes lo soliciten. La Administración asumirá también el registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos.