La renta de los hijos condiciona el acceso a las residencias de mayores

La oposición calcula que hay 18.000 personas en lista de espera

Aunque Melitona Sanz, de 86 años, vivía sola, estaba hemipléjica, sufría Alzheimer, los médicos le habían recomendado cuidados residenciales, no tenía casa propia y sólo cobraba una pensión mensual de 289 euros, la Comunidad le denegó una de las 13.249 plazas de financiación total en una residencia de mayores. Según fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, "la buena situación económica de su hijo" se lo impidió.

La situación familiar supone el 38,5% de los puntos para entrar en una residencia

Melitona Sanz no daba el baremo por su situación sociofamiliar. Desde la oposición denuncian que este baremo, establecido en 1995, está desfasado y piden que cada núcleo familiar se considere de forma independiente, ya que se están cargando en las familias competencias sociales de la administración.

"No tiene sentido que miren mi renta para decidir si mi madre necesita una residencia pública o no. ¿Qué hubiera pasado si yo me llevara mal con mi madre? No hay ninguna ley que obligue a los hijos a hacerse cargo de los padres así que es absurdo que una norma lo tenga en cuenta para decidir si se concede un servicio social o no", protestaba Francisco Sanz cuando se enteró de los argumentos de la Comunidad.

Melitona Sanz murió finalmente en octubre, en una residencia privada. Según la Consejería de Asuntos Sociales, "se tiene en cuenta la renta de los hijos porque se hace un informe sociofamiliar del solicitante. No es lo mismo que una persona tenga hijos, o que no los tenga, o que sus hijos estén en paro, o sean discapacitados, por ejemplo", argumenta una portavoz de Asuntos Sociales.

En la Comunidad de Madrid hay cerca de 40.000 plazas privadas en las residencias para mayores y 18.187 que reciben algún tipo de financiación pública: 13.249 de ellas son gratuitas; 3.417 de financiación compartida al 50% entre las familias y la administración; y 1.521 de ellas son de precio tasado, es decir que la Comunidad impone un precio máximo a estas plazas en residencias privadas.

Sin embargo, hay más de 810.000 mayores en la región que hacen que el sistema esté saturado. Por ello, la Comunidad dictó una orden donde establece los trámites de solicitud y adjudicación de plazas en centros residenciales de mayores (13/77/98 del 13 de julio). En ella se establece el baremo -el mismo que se estableció en 1995- para conceder las residencias de mayores.

El factor que más se tiene en cuenta en este baremo es la situación sociofamiliar, que supone el 38,5% del total. "Se basa en un informe del asistente social y los médicos. Como máximo se pueden conseguir 64 puntos", explican desde la consejería. En este apartado Melitona sólo consiguió 17, porque tiene un hijo que trabaja.

El segundo apartado que se tiene en cuenta es la incapacidad física y psíquica que supone el 22% del total. Como máximo se pueden obtener 36 puntos, y el caso que nos ocupa, a pesar de sufrir una hemiplejia, sólo alcanzó 26. Otro aspecto que se tiene en cuenta es la situación económica del solicitante, aunque curiosamente sólo supone un 13% del baremo, 22 puntos como máximo y en el caso de esta afectada, con una pensión de 289 euros fueron 21.

Por último, se tiene en cuenta la vivienda (14,4% del baremo) y la edad, que es un 12%. Aunque Melitona no tenía una casa propia sólo le dieron 16 de los 24 puntos posibles, aunque por su edad consiguió el máximo: 20.

Con este baremo, la mayor puntuación que se puede obtener son 166 puntos. Para acceder a una plaza de financiación total se necesitan tener como mínimo 120. Melitona Sanz sólo consiguió 100 puntos. Para acceder a una de financiación compartida basta con 80. "Esta señora no quiso solicitar una plaza compartida y su hijo se la llevó a una residencia privada", explica la portavoz.

Francisco Sanz aclara que en ningún momento le explicaron que podía acceder a otro tipo de residencia. "Es una aberración que en la puntuación que hacen, tenga más peso mi declaración de la renta que la propia situación económica y sanitaria de la enferma. Además, ellos por mi declaración no saben las cargas económicas que tengo, como una hipoteca, los estudios de mis hijos... No tiene sentido", protesta Sanz.

La diputada de PSOE Carmen García Rojas, portavoz de Asuntos Sociales en la Asamblea denuncia que hay miles de madrileños en la misma situación que Melitona, cuyas solicitudes son rechazadas por motivos parecidos. "Estos baremos deben modificarse sustancialmente. Tienen 10 años y son antiguos. La realidad en 1995 no tiene nada que ver con la actual. Entonces la mayor parte de las residencias eran para personas válidas y esto no pasa hoy en día, que el 80% de las plazas son para personas sin movilidad y en situaciones muy precarias. Los actuales criterios son baremos de marginalidad", explica García Rojas. Y añade: "Debería tenderse a unos servicios sociales donde todos tuviéramos derecho a una plaza de atención para mayores, aunque tuviera que pagar según su renta, al igual que tenemos derecho a una plaza pública en una escuela, pero vamos en la dirección contraria"

Caridad García Álvarez, portavoz de Asuntos Sociales de IU, cree que debe replantearse el sistema: "Es una barbaridad que la renta de los hijos influya en la petición de residencias, salvo que sean economías muy elevadas, porque los hijos tienen ya sus propias cargas. Debería valorarse cada núcleo familiar de manera independiente. Están delegando en las familias cargas sociales de la administración".

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 15 de enero de 2006.

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