Tabaco y autonomía personal casan mal

Es difícil pasar por alto el debate en torno a la "ley antitabaco" y su aplicación, una ley con referentes legislativos en países de nuestro entorno y que ha sido aprobada con un amplio consenso político y respaldo social. Una ley que tiene como punto de partida la ratificación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Una ley que se fija como objetivo abordar uno de los problemas de salud pública más relevantes en nuestro país y en el mundo (de hecho, es la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte evitable en España). Una ley extensamente debatida socialmente, debate en el que se han desvelado posiciones encontradas entre una mayoría claramente favorable a esta regulación -incluidos un porcentaje importante de fumadores- y algunos grupos de presión como la industria tabaquera que aunque no se haya manifestado públicamente en contra, se ha expresado por ejemplo a través del club de Fumadores para la tolerancia, o una parte no despreciable de empresarios de hostelería y de ocio.

Llamar a esta ley "fascismo sanitario" es como mínimo impropio: ¿tiene algo que ver la dominación totalitaria y exterminio de millones de personas con la apuesta por la salud de hombres y mujeres sometidos a una adicción con consecuencias demoledoras para la salud? Adicción, digamos de paso, alimentada por una industria que introduce ahora el producto de forma inexorable en los países en desarrollo. La propia OMS recordaba que la liberación de más de 35 millones de páginas sobre documentos secretos de la industria del tabaco en los EEUU ha permitido conocer las estrategias de las tabacaleras, en todas sus dimensiones, demostrando que exigen medidas globales y contundentes para combatir la extensión del tabaquismo. El convenio marco de la OMS y ley 25/2005 son, en estas condiciones, claras apuestas por la salud y defensa del interés general frente a intereses espurios. La ley, que aporta la extensión contundente de los espacios sin humo protegiendo así el derecho a la salud de los no fumadores y muy especialmente el de los menores y ayudando a muchos fumadores a reducir o abandonar el hábito, es, en definitiva "un gran paso hacia delante" como recordaba Joan Ramón Villalbí, médico experto en tabaquismo y presidente del Consejo de Tabaquismo de la Generalitat de Cataluña. El hecho de la prohibición en los lugares de trabajo y la permisividad en determinadas condiciones en bares y restaurantes tiene como base desde el punto de vista de la protección de la salud, como explicaba con claridad este experto, que "es distinto pasar la jornada laboral respirando humo que hacerlo un rato en un bar o restaurante donde, además, se acude de manera opcional". Además, la norma entre otras cosas prohíbe la publicidad y restringe los puntos de venta, medidas que tienen como claros impactos positivos contribuir a limitar el inicio en el hábito de consumo a los más jóvenes y disminuir la accesibilidad al tabaco, especialmente de los menores. Cuestiones ambas especialmente relevantes en nuestro país en el que diferentes estudios muestran una importante implantación de la epidemia tabáquica entre los adolescentes españoles. Así, el estudio Estilos de Vida de los Adolescentes (EVAE) apunta que en 2002, entre los adolescentes de 15 años varones, la proporción de fumadores está estancada, no en descenso y que entre las chicas está incrementándose. Estos datos pueden ser un indicio de que en los próximos años podría dejar de disminuir la proporción de varones españoles fumadores, y volver a aumentar el porcentaje de mujeres fumadoras. También la Encuesta Sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2004 sitúa en los 13 años la edad media de inicio en el consumo de tabaco en nuestro país, una de las edades más precoces de la Unión Europea. Este estudio pone de manifiesto que el 21,5% de los estudiantes de 14 a 18 años fuma diariamente (18,9% chicos y 24,1% chicas). Por tanto, hay además del problema en los jóvenes una especificidad de género, que algunos por ignorancia cuestionan.

La ley abre la puerta a futuras regulaciones que podrían ser mas restrictivas o matizar aquellos aspectos que pudieran resultar inadecuados a los objetivos planteados y el desarrollo de normativas autonómicas que faciliten la aplicación de la ley estatal. Cabe recordar que las competencias de inspección y sanción corresponden a las comunidades autónomas y que podrían elaborarse leyes autonómicas.

El impacto negativo del tabaquismo sobre la salud hoy nadie lo discute. La OMS recuerda que las evidencias científicas sobre los efectos nocivos del tabaco son inequívocas. La responsabilidad del tabaco como generador de enfermedad y muerte prematura se extiende desde la enfermedad cardiovascular al cáncer -de pulmón, laringe, vejiga y esófago y otros-, además de ser causa de discapacidad, de reducción de la calidad de vida y de la capacidad laboral. Hay que recordar que el tabaquismo es una enfermedad al ser el tabaco una droga de gran poder adictivo que genera en quien lo consume fuerte dependencia física y psicológica. Los expertos equiparan su poder de adicción al de la cocaína. Por tanto, su consumo no puede definirse como un acto de libertad, y menos como una expresión de la autonomía personal. La gran mayoría de fumadores no son felices con su hábito. Al menos el 50% de fumadores en nuestro país quieren abandonar el tabaco y que sólo un pequeñísimo porcentaje lo consigue.

Esa característica hace inconcebible e inaceptable que se hagan afirmaciones tan poco fundamentadas e incluso irresponsables como que la ley recientemente aprobada trata de imponer políticas públicas que limitan la autonomía personal, cuando la ley no prohíbe el hábito sino que pone los medios para amparar el derecho básico a la protección de la salud de los no fumadores y especialmente de niños y jóvenes, al tiempo que refuerza a los fumadores para que abandonen el tabaquismo. El tabaco no sólo perjudica al fumador también es causa de enfermedad y muerte de los fumadores pasivos, los efectos del humo ambiental sobre la salud han sido estudiados y en base a las evidencias científica actual son incuestionables. El informe de la Agencia de protección ambiental de EEUU afirmaba que veinticuatro estudios concluyeron que el humo del tabaco causa cáncer de pulmón en no fumadores expuestos al humo ambiental y seis estudios no encontraron ese efecto. Villalbí recordaba que parte de esos últimos estudios fueron financiados por la industria tabaquera de conocido interés filantrópico... También la OMS en 2002, realizó una revisión de este tema con conclusiones incontestables. En contraposición con Manuel Martinez Sospedra, que en estas páginas afirmaba con un tono sorprendente por el desprecio implícito hacia la ministra de Sanidad ("cada vez que veo la rubia melena de la señora ministra del ramo en los noticiarios de la TV, siento un irresistible deseo de fumarme una pipa"), creo que a una gran mayoría lo que nos sugiere es que representa el compromiso inequívoco del Gobierno con la salud, y a mí personalmente lo que me sugiere es el ahorro potencial de sufrimiento para muchas personas que puede generar esta política resuelta en favor de la salud y el bienestar de los ciudadanos..

María José Mendoza es diputada en las Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE.