Ibarretxe ultima la creación del consejo con el que quiere dirigir la normalización

Los compromisos sobre la paz y la normalización política que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, anunció en su discurso de investidura, el pasado 22 de junio, sufren ya un retraso, como consecuencia, y al mismo tiempo evidencia, de la dependencia de sus iniciativas de la evolución de otros acontecimientos, cuyos ritmos no controla, sobre todo el abandono de las armas por parte de ETA.

Ibarretxe no ha podido constituir el grupo de trabajo de los partidos para preparar la mesa de diálogo, que prometió hacer en junio "de manera inmediata". Tampoco existen, por tanto, las propuestas sobre metodología y plazos que situó entonces en el último trimestre de 2005. También está pendiente el consejo político "al más alto nivel" que anunció que formaría en el seno de su Gobierno para liderar la normalización, ni tampoco se ha aprobado el Plan Integral para la Paz y la Reconciliación para el que se dio un plazo máximo de seis meses, que se cumplió en diciembre.

El único de esos compromisos que ya parece listo es la constitución del consejo político, prevista para finales de mes.La iniciativa lleva tres meses de retraso, ya que se anunció para octubre. Fuentes de la Presidencia del Gobierno vasco aseguraron a este periódico que se formará antes de que acabe enero, pero después de la asamblea de Batasuna, convocada para el próximo día 21.

La presentación del consejo se realizará en un acto al que se pretende dar especial relieve. Supondrá también una cierta resituación del propio lehendakari en el centro de la escena política, de la que se ha visto desplazado en estos meses.

Su partido ha recuperado, bajo la dirección de Josu Jon Imaz y sobre todo tras las pérdidas sufridas en las elecciones de abril pasado, buena parte del liderazgo absoluto que cedió a Ibarretxe en la anterior legislatura, tras su triunfo electoral en 2001. Esa nueva situación y el corrimiento del liderazgo peneuvista del Gobierno al partido es algo que perciben con claridad los socios de Ibarretxe (EA y EB) y que ambos observan con recelo.

El hombre fuerte de EA en el Gobierno, Joseba Azkarraga, y el consejero y líder de EB, Javier Madrazo, integrarán con el propio lehendakari ese consejo, llamado tanto a arropar a Ibarretxe y reclamar para el Ejecutivo la dirección del proceso de normalización como a dar coherencia a las actuaciones del tripartito.El consejo viene a garantizar también a los socios minoritarios del Ejecutivo presencia y protagonismo en la negociación que pueda abrirse entre los partidos si ETA decide dejar las armas. De hecho, fue una petición efectuada a Ibarretxe durante la negociación del acuerdo de Gobierno para esta legislatura. Con ello, EA y EB conjuran, al menos formalmente, su temor a verse esquinados en una legislatura que prevén histórica en beneficio del protagonismo peneuvista.

El órgano que constituirán Ibarretxe, Azkarraga y Madrazo, que, según se asegura en el Gobierno, ya funciona de un modo informal, será el lugar donde los tres socios acuerden sus posiciones comunes y del que partan las propuestas al resto de los partidos. Algo que se estima necesario para reducir al mínimo posible los riesgos para la coherencia en el tripartito que supondrán las decisiones con las que deberán medirse sus integrantes.

La pretensión de Ibarretxe de liderar una mesa de partidos será impulsada también desde ese nuevo órgano, que aspira a funcionar como un marco de cobertura al protagonismo del Ejecutivo frente a la tentación de las fuerzas políticas de absorber el liderazgo. El consejo persigue garantizar que esa irrupcion de los partidos no desdibuje el papel del lehendakari y de su Gabinete, se afirma en medios del Ejecutivo.

La matización de la apuesta soberanista por parte de Imaz; el documento estratégico Elkarbizitzarako Bake-bideak (Caminos de paz para la convivencia), la guía del PNV para liderar el proceso de pacificación y normalización, aprobado a finales de octubre; los pactos presupuestarios alcanzados con los socialistas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento vasco, son los principales síntomas de esa recuperación de la dirección política por Sabin Etxea (sede central del PNV en Bilbao). Esos elementos han levantado también las primeras muestras de desconfianza en EA y EB.

Ibarretxe concibió el consejo como "un nuevo instrumento" con tres objetivos: liderar desde el Gobierno las conversaciones para conformar una mesa de partidos, incluida Batasuna; elaborar, aprobar y gestionar el plan para la paz y la reconciliación y articular una red social que facilite la participación ciudadana en el proceso.

Ese Plan Integral por la Paz y la Normalización es otro de los compromisos retrasados, aunque varias consejerías han entregado ya sus aportaciones, en gran parte iniciativas ya en marcha, y parece que el aspecto menos maduro es precisamente el que depende directamente de Presidencia: el Observatorio de Derechos Humanos, sobre cuyo estado no se pronuncian las fuentes consultadas.

El plan debe reunir todas las actuaciones relacionadas con los derechos humanos, entendidos éstos de un modo muy amplio, que iría desde la solidaridad con las víctimas de ETA hasta la prevención de la tortura o la defensa de la legalización de Batasuna. Esta iniciativa está siendo coordinada por la propia Presidencia y lleva ya un mes de retraso sobre el plazo máximo de seis que se dio Ibarretxe en junio.

Seis apartados

Fuentes de Lehendakaritza consideran que la iniciativa se mueve aún dentro de plazo, ya que contabilizan los seis meses desde que el Gobierno empezó a trabajar efectivamente en ella, "en septiembre u octubre".

Aunque otros medios gubernamentales señalan que hasta fechas recientes estuvo prevista la presentación conjunta del consejo político y de este plan integral, las fuentes oficiales de Presidencia los desvinculan y prevén que el proyecto quede ultimado en este primer trimestre, hacia el mes de marzo.

Las seis grandes líneas de ese plan son la promoción de la cultura de la paz y los valores democráticos; la solidaridad con las víctimas del terrorismo; la reparación a las víctimas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica; el respeto y la recuperación de los derechos y libertades civiles y de participación ciudadana; la prevención de la tortura y la defensa de los derecehos humanos de las personas detenidas y la puesta en marcha de un observatorio internacional de derechos humanos y libertades, como embrión de un organismo que Ibarretxe quiere luego aprobar por ley en el Parlamento, tras el fracaso de su intento en la pasada legislatura.