Recordando lo evidente
Es tanto el ruido que se ha generado desde el momento en que el Parlamento de Cataluña aprobó el proyecto de reforma del Estatuto de dicha comunidad autónoma, que tengo la impresión de que se están perdiendo de vista las premisas en las que descansa el debate de las reformas estatutarias, de la catalana y de la de todas las demás, sin las cuales es imposible hacer una valoración de lo que se está haciendo.
Y lo primero que hay que subrayar es que la estructura del Estado está ya definida, que no estamos ante un momento constituyente ni ante un momento estatuyente originarios, sino ante un proceso de reformas de decisiones constitucionales y estatutarias originarias que se consensuaron entre los años 1978 y 1981 y que se han desarrollado durante algo más de 25 años con el resultado de descentralización del poder que todos sabemos que se ha producido y que tanto incide en la vida de cada uno de nosotros individualmente considerada y en la convivencia pacífica entre todos. A pesar de que se pueda dar la impresión por las manifestaciones de los dirigentes del PP tanto nacionales como andaluces de que se está quebrando la estructura del Estado pactada en la transición y en la fase de inicial puesta en marcha de la Constitución, no es así. La estructura del Estado continuará siendo sustancialmente la misma tras las reformas estatutarias en curso. Incluso en el caso de que la reforma estatutaria catalana fuera aprobada en el Congreso de los Diputados en los mismos términos en que lo fue en el Parlamento catalán, algo que ya sabemos que no va a suceder, incluso en ese caso, si exceptuamos lo relativo a la financiación, no se produciría una ruptura de la estructura del Estado sino únicamente una reforma de la misma.
Más incertidumbre se habría generado si no hubiéramos sido capaces de poner en marcha las reformas
Lo segundo que debe ser subrayado es que el Estado español con la estructura territorial posibilitada por la Constitución de 1978 ha sido el Estado más legítimo y más eficaz que hemos tenido en toda nuestra historia constitucional. Nunca hemos podido ejercer los derechos fundamentales en la forma en que lo venimos haciendo desde 1978 y nunca se han prestado los servicios públicos de la forma en que lo vienen haciendo las autoridades estatales, autonómicas y municipales. Disponemos de un buen Estado y no hay nada en el horizonte que nos indique que tengamos que prepararnos para una situación de emergencia, que pudiera incidir negativamente ni en el ejercicio de los derechos fundamentales ni en la regularidad de la actuación de los poderes públicos. La tramitación del llamado plan Ibarretxe creo que ha sido la prueba inequívoca de que así es. A pesar de toda la tensión política que la tramitación de dicho plan desató, ni en el País Vasco ni en el resto del Estado se produjo alteración alguna para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos ni se vio afectada la actuación de los poderes públicos en la prestación de servicios a los ciudadanos.
No estamos atravesando ninguna situación de crisis constitucional. Disponemos de una estructura del Estado que está bien y que, justamente porque está bien, está siendo sometida a un proceso de reforma. En el debate sobre la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, Mariano Rajoy arrancó su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados preguntando al presidente del Gobierno que si la estructura del Estado había funcionado bien, para qué había que reformarla, sin reparar en que, la evidencia empírica de que se dispone en todos los Estados democráticamente constituidos indica que únicamente los textos constitucionales que funcionan bien son los que se reforman. La operación de reforma presupone una valoración positiva del documento constitucional que se pretende reformar. Justamente porque la fórmula de gobierno que se prevé en el documento constitucional es buena, es por lo que se pretende reformarla. Para conservarla, para mantener su vigencia de manera indefinida.
Esto es lo que está detrás del proyecto reformista que protagoniza de manera muy destacada el presidente del Gobierno de la nación, que se está atreviendo a hacer algo a lo que en España no estamos acostumbrados, a discutir sobre la fórmula constitucional de nuestra convivencia, y, que, precisamente por eso, está encontrando mucha incomprensión, incluso dentro de su propio partido. No es un capricho personal del presidente, sino una interpretación de la historia político-constitucional de España y de las resistencias que hemos tenido desde que se empezó la aventura de la construcción del Estado Constitucional a principios del siglo XIX a reformar nuestras constituciones para posibilitar la estabilidad del régimen constitucional, lo que ha llevado a José Luis Rodríguez Zapatero a convertir su primera legislatura como presidente del Gobierno en una legislatura de reformas y de reformas en el sentido fuerte del término, esto es, no de simples reformas legislativas, sino de reformas constitucionales y estatutarias. De esta manera está expresando al mismo tiempo la confianza en la fórmula de gobierno que se puso en marcha en 1978 y la capacidad de los ciudadanos españoles para aprobar la última asignatura constitucional que todavía tenemos pendiente, la de la reforma constitucional, que en España incluye también las reformas estatutarias.
Un país no puede posponer de manera indefinida el hacer frente a los problemas que le salen al paso, porque de lo contrario tales problemas se pudren y acaban convirtiéndose en insolubles. Las reformas estatutarias eran uno de esos problemas. Que tales reformas generan incertidumbre, es algo evidente. Pero más incertidumbre se habría generado si no hubiéramos sido capaces de coger el toro por los cuernos y poner en marcha el proceso reformador.
