Los sordos dispondrán de intérpretes en los organismos del Estado en 2011

El Gobierno aprueba el proyecto de ley que reconoce la lengua de signos como un idioma más

En cinco años, las personas sordas dispondrán de intérpretes en todos los departamentos estatales, según estimaciones del Gobierno. El Ejecutivo aprobó ayer el proyecto de ley que reconoce la lengua de signos española (y la catalana, en su ámbito) como un idioma propio de los sordos. Cuando la futura ley agote su recorrido parlamentario, los sordos tendrán derecho a que les facilite el uso de esta lengua en los escenarios de su vida diaria, como la educación, la sanidad y a la hora de hacer cualquier gestión pública. En España hay casi un millón de personas sordas o con audición reducida.

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Limitación o cultura

La aplicación de la futura ley modificará sustancialmente la vida de las personas sordas. De forma gradual, los sordos podrán solicitar el uso de intérpretes cuando vayan al médico, en los hospitales, los juzgados, los centros culturales, deportivos y de ocio, y no sólo en sus relaciones con las administraciones públicas. Igualmente en los grandes aeropuertos y estaciones. El objetivo es facilitar el acceso de todos a bienes y servicios.

El proyecto contempla que las comunidades autónomas designen un centro por provincia o por cada 50.000 habitantes donde los sordos que los deseen estudien la lengua de signos. En estos centros bilingües especializados, cualquier niño sin discapacidad auditiva podrá aprender también la lengua de la comunidad sorda de manera opcional.

"Este reconocimiento tiene una fuerte carga simbólica, ya que la Ley de la Lengua de Signos es el vehículo expresivo y el sistema lingüístico de la comunidad sorda", afirma la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce. Aunque no todos los sordos utilizan prioritariamente la lengua de signos, una mayoría la asume como lengua natural. Valcarce prevé que una vez que se apruebe la Ley, previsiblemente en este mismo año, se crearán de forma inmediata un Centro de Normalización de la Lengua de Signos y un Centro Español de Subtitulado. Al mismo tiempo, el Gobierno pondrá en marcha un Plan de accesibilidad con medidas que desarrollen la ley en los ámbitos de la Administración general de Estado: en cinco años las personas sordas dispondrán de servicios de atención e intérpretes en todos los departamentos estatales.

Vida profesional y social

Estas medidas, junto a las que promuevan las comunidades autónomas en los plazos que establezcan, eliminarán de forma progresiva todas las barreras que los discapacitados auditivos encuentran en los espacios públicos y privados y en su vida profesional y social. Valcarce asegura que de modo gradual "se ampliará el número de intérpretes a través de un Centro de Intermediación, que será el que establezca el modo de prestar estos servicios", añade Valcarce. Se estima que la aplicación de la ley exigirá una inversión anual de al menos 2 millones de euros, una cantidad que se fijará y revisará cada año.

La futura ley se inspira en el principio de la libre elección, por lo que los sordos que opten, en lugar de por la lengua de signos, por la comunicación oral (a través de audífonos o del implante coclear) dispondrán también de medidas de apoyo. Se establecerán además en los aeropuertos, grandes espacios públicos y oficinas de las administraciones bucles magnéticos para facilitar la información de las personas sordas con implante coclear. La inclusión del subtitulado en los medios audiovisuales es otra medida pensada para los sordos que se pueden expresar de manera oral.

La lengua de signos se basa en un sistema lingüístico conceptual, visual y espacial totalmente ajeno al oral. Hasta ahora, muchos sordos que usan la lengua de signos tenían que esforzarse en aprender un segundo idioma para integrarse en la mayoritaria sociedad de oyentes. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que con este reconocimiento de la lengua de Signos se eliminan "las peores barreras, las mentales" y se favorece no sólo al millón de discapacitados auditivos sino al resto de la población, los 40 millones restantes.

Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en diciembre pasado.
Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en diciembre pasado.BERNARDO PÉREZ

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