El fiscal actuará contra el congreso político de Barakaldo si confirma que Batasuna está detrás

El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, se reunió ayer en San Sebastián con los tres fiscales jefes vascos para aunar criterios sobre el congreso político convocado para el próximo día 21 en Barakaldo (Vizcaya). Conde-Pumpido precisó que la ilegalización de una fuerza política (Batasuna, en este caso) no suspende los derechos de reunión, manifestación y participación política de sus militantes y simpatizantes, que "están en vigor". Pero advirtió de que esos derechos no pueden ejercitarse a través de Batasuna como partido. Si se prueba que esta formación está detrás del acto de Barakaldo, instará la prohibición.

El fiscal general del Estado apuntó que tales derechos individuales "están en vigor, pero matizados, porque no se pueden practicar a través de Batasuna como partido". Por ello, reconoció que resulta "complejo" conciliar el respeto a los derechos individuales y el cumplimiento de la ilegalización de Batasuna. "No se pueden tomar decisiones precipitadas, ni se puede definir el hecho de una manera burda", advirtió. "Siempre hay que ponderar los derechos fundamentales en juego y para eso la Fiscalía lleva tiempo preparándose y trabajando".

Conde-Pumpido dijo que hace días solicitó a la fiscal jefe del Tribunal Superior Vasco, María Ángeles Montes, que le mantuviese informado. El fiscal general recalcó que su reunión de ayer no tenía carácter decisorio, sino que le iba a servir para "tomar contacto con el problema y recibir una información altamente cualificada que es la que tienen los fiscales con responsabilidad en el País Vasco". Tras estudiar los informes policiales, será la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que elabore el informe correspondiente cuando el juez lo solicite.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha recibido los informes sobre las actividades de la formación abertzale que había solicitado a la Guardia Civil y la Policía, ha convocado para el martes al fiscal, a los representantes legales de Batasuna y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para decidir si reitera la suspensión de las actividades de la formación que lidera Arnaldo Otegi.

En la providencia dictada ayer, el magistrado menciona que la comparecencia del martes es la prevista en el artículo 129 del Código Penal, que en su punto primero recoge la posibilidad de "suspensión de actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años".

El pasado mes de agosto venció el plazo de 3 años fijado por el juez Baltasar Garzón cuando decretó la suspensión de actividades de Batasuna el 26 de agosto de 2002. La medida no fue prorrogada en ese momento, ya que el juez Santiago Pedraz, que sustituía a Grande-Marlaska, de vacaciones, consideró que era inútil prorrogar la suspensión de actividades de un partido ya ilegalizado y por tanto era inexistente a efectos civiles.

Grande-Marlaska, sin embargo, parece decidido a acordar de nuevo la medida, tanto si la apoya el fiscal como si no. En cualquier caso, la AVT anunció ayer que pedirá la suspensión de actividades de la formación al estar claro, tras los informes policiales, que Batasuna convoca el acto.

El alto comisionado para las víctimas del terrorismo, Gregorio Peces-Barba, ha pedido al fiscal general que inste la prohibición del acto de Barakaldo. En una carta remitida a Conde-Pumpido, el comisionado expresa su preocupación y su oposición a esa reunión "impulsada por Batasuna", pues "toda tolerancia en relación con lo que pudiera ser una falta de respeto a la legalidad produciría daños irreparables para el funcionamiento del Estado de Derecho".

Batasuna desmintió que el cartel que convoca el acto incluya el anagrama de ETA: la serpiente enroscada al hacha. La imagen, según la formación, es el bastón de Esculapio (una serpiente en torno a un bastón), símbolo del derecho a la salud. El cartel incluye otras imágenes alusivas al derecho a la educación o la cultura.

Requerimiento rechazado

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, rechazó ayer el requerimiento realizado por el PP la semana pasada para que prohibiera el acto del día 21, informa Aitor Guenaga. El responsable de Interior asegura en su respuesta, de tres folios, que el PP no ha acreditado "ni siquiera indiciariamente el delito o mal que se trata de conjurar" con su petición, "sin duda porque no lo hay". Y pretende, sigue la respuesta, que Interior "desprecie la legalidad" adentrándose en el terreno reservado "en exclusiva" por la Constitución a los tribunales: "Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

Balza recuerda al PP que los promotores de una reunión en un local cerrado no están obligados a comunicarla a la autoridad gubernativa (a diferencia de las manifestaciones), por lo que la consejería no puede "intervenir previamente". El consejero subraya que el PP "quiebra deliberadamente el principio de separación de poderes" con su "contumaz visión policial del Estado".

El titular de Interior parece también enviar en su respuesta un mensaje a Batasuna. El rechazo al requerimiento no supone desatender "sus obligaciones legales". Es decir, si el acto se celebra y se produce alguna conducta delictiva (como enaltecimiento del terrorismo), la Ertzaintza remitirás después al juzgado el correspondiente atestado.