La Generalitat triplicará el número de personas dependientes atendidas en su casa

La gran mayoría de los ancianos prefiere envejecer en casa antes que en una residencia, pero son muchos quienes no pueden ver cumplido este deseo porque no tienen familiares en quienes apoyarse y, sobre todo, porque no reciben ayudas de las administraciones. La nueva Ley de Servicios Sociales que el Gobierno catalán aprobará el próximo día 17 pretende extender las prestaciones, entre ellas la asistencia a domicilio, a todas las personas que las necesiten. En tres años, según el Departamento de Bienestar y Familia, se triplicará el número de personas dependientes atendidas en su domicilio (de las 31.000 personas actuales se pasará a 93.000) y se duplicará el número de horas que los profesionales destinarán a este servicio.

La futura ley supondrá la creación de casi 53.000 empleos en seis años: 2.769 técnicos superiores (psicólogos, pedagogos, médicos, sociólogos y abogados, entre otros), 9.137 técnicos medios (trabajadores sociales, educadores sociales, enfermeros e informáticos) y 40.961 auxiliares técnicos (trabajadores familiares y auxiliares geriátricos, entre otros). El objetivo de la futura normativa, que se complementará con la Ley estatal de la Dependencia, es ambicioso: hacer de los servicios sociales un derecho universal, accesible a todas las personas que lo necesiten, sea cual sea su situación económica.

En la actualidad, cuando se acaba el dinero público, se acaban los derechos de los ciudadanos. Y los derechos de los ciudadanos dependientes, que no pueden valerse por sí mismos, se ven coartados con demasiada frecuencia porque el dinero público para asistirles es escaso y se acaba pronto. Así lo admite la propia consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat, Anna Simó. Que el nuevo modelo sea universal, sin embargo, no significa que será gratuito. Seguirá existiendo el copago, pero se estipulará en función de los ingresos del usuario y no de acuerdo con la renta familiar de éste, como sucede ahora. Se atiende así a una reivindicación histórica de las familias de personas dependientes, no sólo de ancianos, sino también de discapacitados y enfermos mentales.

Déficit de servicios públicos

Pero el mantenimiento de la fórmula del copago en el nuevo modelo de prestación universal no eximirá a las administraciones de engrosar las partidas destinadas a la atención a la dependencia. La consejera admite que tanto la Generalitat como la Administración local están prestando estos servicios "con muchas carencias". El pastel es muy pequeño y a la hora de repartir son muchos los que se quedan sin su porción. En estos casos son las familias, mayoritariamente las mujeres, además de entidades de voluntariado, las que acaban supliendo el déficit de servicios públicos.

María Pérez, de 86 años, postrada en una silla de ruedas y sin familia que pueda echarle una mano, recibe de la ONG Avismon cariño, compañía y ayuda para moverse por su diminuto y precario piso de Poble Sec, en Barcelona. La Generalitat complementa con 240 euros mensuales su misérrima pensión, de tan sólo 313 euros, pero no le ha podido dar, de momento, una plaza en una residencia de ancianos, que María solicitó hace ya cinco años. "La burocracia es lenta y las plazas son limitadas. Pero muchos ancianos no pueden aguardar tanto tiempo a que se les conceda una plaza, porque cuando ésta llega, a veces ya es demasiado tarde", lamenta Marta Roca, portavoz de Avismon, entidad que fomenta el apadrinamiento de personas mayores dependientes que viven en situación de precariedad.

María Pérez, que además de ir en silla de ruedas lleva un marcapasos, es una de las abuelas que se benefician de la generosidad de esta entidad. Un voluntario la saca de paseo como mínimo una vez a la semana y en su casa recibe servicios de podología y fisioterapia, entre otros.

Si personas tan necesitadas como María Pérez tienen que aguardar años para acceder a una plaza pública en un geriátrico, la espera se hace eterna en el caso de las personas dependientes de clase media. Se trata de un colectivo que queda excluido del actual sistema de servicios sociales porque su nivel de renta no es suficientemente bajo para acceder a los de carácter público, pero tampoco dispone de recursos económicos para pagarse una plaza en una residencia privada, que puede costar entre 1.200 y 2.000 euros mensuales, de acuerdo con el grado de dependencia del usuario.El caso de Joaquima Tor, de 84 años, una mujer viuda y enferma de Alzheimer, ilustra cómo las clases medias quedan fuera del actual sistema público de servicios sociales. Cuando la única solución para ella fue una plaza residencial, las posibilidades para entrar en una pública eran nulas, ya que el actual sistema tiene en cuenta la renta familiar, en este caso la de sus tres hijos. Ellos son los que, desde hace tres años, pagan 2.000 euros mensuales por una plaza en una residencia privada, que consideran excesivamente masificada. Por un precio similar, han encontrado otra plaza en un centro más pequeño en el que Joaquina recibirá un trato más familiar.

La futura ley de servicios sociales pretende evitar situaciones injustas como las de Joaquima y por ello dejará de contabilizarse la renta de la familia -sólo se tendrá en cuenta la del propio usuario- a la hora de adjudicar las plazas.

Según las cifras del Departamento de Bienestar, unas 332.000 personas en Cataluña pueden considerarse dependientes. De ellas, 210.000 son personas mayores de 65 años, mientras que 122.000 no superan esta edad pero sufren discapacidades o enfermedades mentales que les merman su autonomía personal. El replanteamiento de las políticas dirigidas a las personas mayores es urgente porque en un horizonte no muy lejano la dependencia alcanzará proporciones notables. Según los expertos, el 20% de la población catalana superará los 65 años de edad en el año 2020, y dentro de colectivo los mayores de 75 y con la salud deteriorada serán probablemente muchos.

En 2005, según cifras aún provisionales, Bienestar Social habrá destinado más de 450 millones de euros a políticas de atención a la dependencia, cifra que superará los 600 millones si se suman las partidas del Departamento de Salud para prestaciones sociosanitarias. Anna Simó admite que la Generalitat debe aumentar los recursos para ampliar la bajísima cobertura de estos servicios (la atención domiciliaria, por ejemplo, sólo llega al 2% de los mayores de 65 años), pero reclama una mayor aportación del Estado para las comunidades autónomas que, como Cataluña, tienen transferidas todas las competencias en esta materia.

En Cataluña hay 51.441 plazas de residencia para ancianos, de las que 21.538 son públicas.