El vecino más incómodo de Alhaurín de la Torre

Una carretera de dos kilómetros, ancha, sin rayas y con el asfalto lleno de polvo une Alhaurín de la Torre con la cantera Taralpe. A la entrada del yacimiento reina estos días una paz inquietante: no queda rastro de los camiones que transportan los áridos, toda la maquinaria está parada y sólo se escucha el intercambio de ladridos entre unos perros de caza y los rottweiler que ayudan al vigilante de seguridad que custodia la explotación. Con 400 hectáreas, Taralpe es la mayor de las cuatro canteras cuyo cierre -decretado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado 4 de noviembre- ha trastornado la actividad de la principal industria malagueña, la construcción, y mantiene divididos a los 28.500 habitantes de la ciudad.

El Ayuntamiento de Alhaurín ejecutó el 3 de diciembre la orden judicial de clausurar los yacimientos de Taralpe, propiedad del Grupo Italcementi; Troconal, del grupo Sando; Retamero, de Nicanor Retamero S. A.; y Pinos de Alhaurín, de Bernardo Caballero. El TSJA los consideraba ilegales por carecer de licencia municipal para extraer áridos. La resolución vino tras una denuncia de la Plataforma en Defensa de la Salud y de la Sierra (PDSS), un "movimiento social contra la salvaje destrucción de la sierra por las canteras" integrado, entre otros, por vecinos, ecologistas y las agrupaciones locales de IU y PSOE.

Los aproximadamente 180 trabajadores de las canteras de caliza blanca no esperaron a que el Consistorio cumpliera la orden del alto tribunal andaluz y el 28 de noviembre iniciaron una huelga. Los empleados, acampados ante el Ayuntamiento en turnos de treinta personas, tienen los ánimos cada vez más caldeados después de seis semanas de incertidumbre.

Fali, empleado de uno de los yacimientos, casado y con un hijo de 18 meses, analiza prosaicamente la situación: "Van a joderse entre ellos sin pensar en quién se llevan por delante". Los trabajadores están convencidos de que ni Junta ni Ayuntamiento quieren arriesgarse a legalizar, por razones de oportunidad electoral, unas canteras altamente impopulares, sobre todo para los vecinos que viven en las urbanizaciones más cercanas a ellas. Goyo y Marian, funcionarios de Correos, se quejan de que su casa "se llena de polvo de las canteras nada más acabar de limpiarla" y defienden el traslado de los yacimientos. A su lado, su compañera Andrea, residente en la capital malagueña, ve el problema de forma diferente: "Yo estoy a favor de la canteras por necesidad: mi marido trabaja en la construcción y lleva un mes parado porque no hay material para seguir las obras".

La suerte de Alhaurín de la Torre, el mayor municipio del valle del Guadalhorce y zona de expansión de Málaga capital, ha estado siempre ligada a ese vecino incómodo que son las canteras. De hecho, el primer documento histórico en que se nombra a la ciudad, de 1793, informa de que "a distancia de tres cuartos de legua [hay] una cantera de mármol azul muy fino y (...) muchas de mármol blanco del que se está abasteciendo las obras de la catedral de Málaga". De ahí que Fali se indigne cuando le hablan de cerrar su lugar de trabajo: "si no te gustan las canteras, no vivas en Alhaurín".

Después de 40 días de desacuerdos sobre la solución -la Junta proponía al Ayuntamiento otorgar las licencias y éste sugería a la Junta que las legalizara en un plan de ordenación minero- y ante la larga duración del conflicto, ambas administraciones parecen coincidir en una posible salida. La delegada de Innovación en Málaga, María Gámez, se muestra "optimista" y ve con buenos ojos la iniciativa municipal de redactar un plan de restauración de las canteras que, según el alcalde, Joaquín Villanova (PP), permitiría garantizar los puestos de trabajo directos "durante siete años o más", y mientras tanto, dedicarse a buscar yacimientos alternativos que permitan continuar las obras en la provincia. Sólo hace falta lo más difícil: que los trabajadores y los dueños de las empresas estén de acuerdo.