La UE pide a España que abra la base de datos a las policías autonómicas

La Unión Europea ha constatado en un informe sobre el intercambio de información policial operativa contra el crimen organizado entre Europol y los Estados miembros "la multiplicidad de bases de datos" en España. El documento, fruto del trabajo de expertos europeos tras una visita a España en mayo pasado, insta al Gobierno central a que las policías autonómicas tengan acceso a la base nacional que registra las investigaciones en curso (SRI) de narcotráfico y blanqueo de dinero, y evitar así duplicidades en la lucha contra el crimen.

La Secretaría de Estado de Seguridad ha indicado que los Mossos d'Esquadra "se conectan" ya, desde hace pocos días, mientras que con la Ertzaintza "las cosas van más lentas", admiten desde el Ministerio del Interior. El objetivo último de esa recomendación europea es evitar la duplicidad de trabajos de investigación y el "riesgo" de que la policía, la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos (Ertzaintza, Mossos y Policía foral navarra) "no estén al corriente de los trabajos que estén realizando los otros" en la persecución del narcotráfico, blanqueo de capitales y delitos conexos; infracciones penales que suponen el 70% del total.

El equipo evaluador de expertos europeos que realizó la visita a España entre el 18 y el 20 de mayo pasado constató la existencia de un "amplio número de cuerpos y fuerzas policiales [incluidos los autonómicos y locales], que no siempre es fácil coordinar a nivel interno", con un total de 190.950 agentes. El primer informe, de julio, fue modificado a principios de diciembre, y está previsto que el Grupo Multidisciplinar de Delincuencia Organizada del Consejo de Europa dé luz verde al texto en su reunión del 11 y 12 de enero.

El primer documento advertía sobre la desconexión existente entre las diferentes bases de datos policiales (Guardia Civil, policía, Vigilancia Aduanera y cuerpos autonómicos) y señalaba el riesgo de que dicha "situación pueda ser obviamente perjudicial a escala nacional, pero también puede ser un obstáculo para la efectividad de la cooperación internacional".

El Gobierno español ya explicó en mayo al equipo evaluador de expertos que "estaba al corriente de esas dificultades" y que tenía intención de "emprender reformas". Durante estos meses, para optimizar la coordinación internacional en la lucha contra el delito organizado se ha unificado bajo un mismo mando las tres oficinas centrales nacionales (Europol, Interpol y Sirene-Schengen). Además, la Guardia Civil y la policía se han dado acceso mutuamente a las bases de huellas, ADN, DNI, armas y explosivos, y existen otros proyectos de coordinación, según explicaron a este periódico altos responsables de la Comisaría General de Policía Judicial.

Esta desconexión operativa también afectaba a los efectivos de Vigilancia Aduanera (DAVA), que "carece de acceso directo a las bases de datos" de la policía y la Guardia Civil. El intercambio de información se produce a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. La UE recomienda un "sistema más flexible de consulta" entre las bases de Vigilancia Aduanera y el resto de policías.

No en vano, los delitos financieros y de blanqueo de dinero no han parado de crecer en España desde 2002, según admite el Cuerpo Nacional de Policía. Aduanas investigó el año pasado 23.423 casos, y el potencial de fraude anual estimado se eleva a 3.000 millones de euros. De las 3.017 transacciones financieras sospechosas en 2004, sólo 516 no requirieron un trabajo policial o fiscal de persecución posterior. España ha precisado a la UE que la flexibilización que recomiendan los expertos deberá respetar las competencias de cada cuerpo policial y la legislación actual.

En materia de operaciones conjuntas entre Estados en las que se utiliza información sobre investigaciones en curso, los expertos abogan por fomentarlas y ponen como ejemplo de "cooperación satisfactoria" la Operación Ballena blanca contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol. Esa operación, de marzo pasado, ha sido el mayor dispositivo contra el blanqueo realizada en Europa, con ramificaciones en EE UU y Canadá, y donde la policía intervino 250 propiedades inmobiliarias y un volumen de recursos de 350 millones de euros. La envergadura de esta operación obligó a un "gran número de peticiones a través de los organismos internacionales (Europol e Interpol)", subraya el informe.