La Sindicatura plantea recortar en 687 millones los ingresos que contabiliza el Consell para 2004

La Sindicatura de Comptes pone en duda la viabilidad del cobro efectivo de 687,8 millones de euros que la Generalitat mantenía vivos como expectativas de ingreso en la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2004. El informe del órgano fiscalizador considera imprescindible revisar "exhaustivamente" la solvencia de los denominados "derechos definidos" por su "antigüedad elevada, limitada exigibilidad y bajo historial de cobrabilidad" y plantea elevar la provisión para insolvencias, que era de 19,2 millones de euros en 2004, en 687,8 millones de euros.

"Existen 687,8 millones de euros de derechos definidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2004 provenientes de los ejercicios 1996 a 2001 que por su antigüedad suscitan incertidumbre en cuanto a su expectativa de cobro y respecto a los que debería dotarse una provisión para insolvencias", avanza el informe de la Sindicatura de Comptes en sus primeras conclusiones generales sobre la cuenta de la Administración general de la Generalitat en 2004.

Más adelante, en el análisis específico de la ejecución del presupuesto de ingresos, el informe de la Sindicatura de Comptes elogia la "significativa" mejora de la gestión respecto a 2003. La recaudación neta de la Generalitat se elevó un 12,3% en el primer ejercicio completo de gestión de Gerardo Camps al frente de la Consejería de Hacienda. También mejoró la eficacia en la recaudación.

El informe del órgano fiscalizador también celebra la notable reducción de los derechos pendientes de cobro que arrastraban las arcas de la Generalitat de ejercicios anteriores a 2004. Las expectativas de ingresos desde años anteriores sumaban 2.166 millones de euros el 1 de enero y se redujeron a 1.202 el 31 de diciembre de 2004.

La Generalitat logró ingresar 435,5 millones de euros correspondientes a ejercicios pasados. Pero anuló facturas a su favor por 527,9 millones. Hacienda renunció a cobrar 44,4 millones de euros en impuestos directos, esencialmente el gravamen por sucesiones y donaciones, que tenía pendientes. También renunció a reclamar al Estado 348,4 millones de euros de transferencias pendientes de ejercicios anteriores sobre un total de 418 millones.

La entrada en vigor de nuevos criterios de contabilización de la liquidación del sistema de financiación autonómica, que obliga a vincular los ingresos previstos con el ejercicio en que efectivamente deberían cobrarse, "ha supuesto la anulación de derechos pendientes de 439,9 millones de euros (264,2 del ejercicio 2002 y 175,7 de 2003)", señala el informe de Sindicatura.

El análisis de los "derechos definidos" pendientes de cobro, una figura que instituyó el socialista Aurelio Martínez en 1994 para presionar al Gobierno central y que el primer gobierno autonómico del PP criticó con dureza, revela que la Generalitat arrastró esa práctica hasta el año 1999 y, en menor medida, hasta 2001. De los 687,8 millones formalmente pendientes de cobro, 663,6 corresponden a liquidaciones anteriores al año 2000.

El informe también revela que más de la mitad de los derechos definidos cuyo cobro considera pendiente la liquidación del presupuesto, un total de 362,8 millones de euros, se reclaman la Tesorería de la Seguridad Social.

El resto de derechos definidos que mantiene vivos la cuenta general de 2004 se atribuyen a pagos pendientes en concepto de transferencias de capital de la Administración del Estado, cuya factura total se eleva a 294 millones de euros en la liquidación del presupuesto.

El informe de Sindicatura propone revisar todas las facturas pendientes, pero no duda en calificar como de "dudoso cobro" los 687,8 millones de euros acumulados bajo el epígrafe de "derechos definidos" y propone una solución drástica: "Teniendo en cuenta que la dotación de la provisión por insolvencias contabilizada por la Generalitat ha ascendido a 19,2 millones de euros, el importe de la provisión debería incrementarse en al menos 687,8 millones de euros correspondientes a los derechos definidos".

Sobre el resto de derechos pendientes de cobro que se mantienen vivos desde ejercicios anteriores a 2004 y reciben la calificación de reconocidos, cuyo importe suma 514,8 millones de euros, el informe también recomienda prudencia y advierte de que "entre los derechos reconocidos de mayor antigüedad también es previsible que se produzca una cantidad indeterminada de incobrados".