CiU, ERC e ICV exigen plenas competencias sobre aeropuertos

La gestión de puertos y aeropuertos, pero sobre todo los de éstos últimos, se ha sumado en los últimos días a la lista de escollos de la negociación. El proyecto estatutario aprobado por el Parlamento catalán prevé que el Estado ceda a la Generalitat todas las competencias en materia portuaria y aeroportuaria en las instalaciones de este tipo situadas en Cataluña, a lo que el Gobierno se opone.

Fuentes próximas a la negociación aseguran que en los últimos encuentros el PSOE ha propuesto ceder a la Generalitat la gestión de los aeropuertos más pequeños y dotar al aeródromo barcelonés de El Prat y al puerto de la capital catalana de un estatus especial para permitir la intervención estatal en su organización.

A ello se oponen Convergència i Unió, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, que consideran obsoleto el modelo de gestión de AENA y exigen que se respete la redacción original del proyecto estatutario y todas las competencias sean cedidas a la Generalitat por la vía prevista en el artículo 150.2 de la Constitución. El PSC, en cambio, estima que el aeropuerto de Barcelona, con 25 millones de pasajeros anuales, no debe tener el mismo tratamiento que el de Girona o Reus, de menor capacidad. Este aspecto se negociará la próxima semana.

Otro capítulo conflictivo es el de deberes y derechos. Aunque el PSOE, a diferencia de CiU, no ha cuestionado su contenido, sí ha comunicado a los partidos catalanes que no aceptará que el reconocimiento de estos derechos vincule a la Administración del Estado en Cataluña.

Ello choca frontalmente con el artículo 37 del proyecto estatutario, que tras enumerar la lista de deberes y derechos de los ciudadanos catalanes explicita que no sólo la Generalitat deberá velar por su aplicación: "Los derechos reconocidos en este capítulo vinculan a todos los poderes públicos que actúan en Cataluña". Fuentes del PSC justificaron ayer la posición de su partido hermano pero recordaron que el PSOE "sí acepta que los deberes y derechos en materia lingüística afecten a todas las Administraciones".