El IVVSA arremete contra la Sindicatura de Comptes por sus críticas a las empresas mixtas

El gerente del Instituto Valenciano de Vivienda, SA (IVVSA), José Fermín Doménech, arremetió ayer contra la Sindicatura de Comptes, cuyo informe advierte de irregularidades en la creación de las empresas mixtas, y atribuyó las críticas del órgano fiscalizador de la Generalitat a una "campaña mediática". Doménech respondió así a una comparecencia del secretario de Territorio y Vivienda socialista, Eugenio Burriel, quien aseguró que las conclusiones de la Sindicatura confirman que las sociedades del IVVSA, que preside el consejero Rafael Blasco, "son ilegales".

Doménech, que hizo un breve balance de la actuación del IVVSA en 2005 y en esta legislatura -31 convenios con municipios para 25.000 pisos protegidos (VPO); expedientes de construcción propia para 3.371 VPO, con 642 acabadas-, subrayó que "no existe ninguna irregularidad, sólo discrepancias y una recomendación" en el informe. Doménech aseguró que en un primer documento en octubre, "consensuado con los técnicos del IVVSA", el órgano fiscalizador no realizó recomendaciones sobre las polémicas empresas mixtas, sino que las introdujo en noviembre. El responsable del IVVSA puso en duda la independencia de la Sindicatura y dijo que las "personas" que elaboraron el informe reaccionaron a "una campaña mediática". Doménech se mostró "convencido" de que "ha habido cierta mediatización en algún aspecto".

También criticó que "por razones inexplicables" la Sindicatura no mencionó en el documento final las alegaciones del IVVSA ni aceptó una entrevista con el gerente "para aclarar dudas". Doménech incluso dijo que "para evitar un conflicto institucional" el IVVSA, que depende del consejero Rafael Blasco, ampliará el plazo de respuesta a sus convocatorias de constitución de nuevas sociedades mixtas.

El gerente defendió la creación de estas empresas, con las que el IVVSA se presenta a la adjudicación de PAI con socios privados -estas sociedades manejan más de 7,6 millones de metros cuadrados, según el instituto- y anunció que ayuntamientos como Alboraia, Torrent y Paterna "quieren constituirlas", para lo que se estudia "la fórmula".

Doménech arrojó así el guante a los socialistas, que horas antes habían incidido en sus denuncias. El responsable socialista de Territorio y Vivienda, Eugenio Burriel, aseguró que el informe de la Sindicatura reafirma la postura del PSPV-PSOE. "Las empresas mixtas de Blasco son ilegales porque no cumplen los principios básicos de libre concurrencia y publicidad en su creación y porque no cumplen los criterios objetivos mínimos para la elección y adjudicación de los socios", declaró Burriel, quien se preguntó si el presidente del Consell, Francisco Camps, va a "ignorar" este informe. A lo largo de varias páginas, la Sindicatura expone sus objeciones sobre aspectos relacionados con la creación de las sociedades mixtas y exige más transparencia y mecanismos de control.

Para Burriel, el informe, que afecta también al resto de la gestión del IVVSA, concluye que el instituto "menosprecia sistemáticamente la legalidad". La Sindicatura acusa al IVVSA de "opacidad" por no remitir todos los expedientes; se queja de la falta "de una base de datos fidedigna para fiscalizar" la actuación; de que no se ha publicado "ni una sola adjudicación" de importes superiores a 60.001 euros, como es preceptivo; de la escasa precisión de los pliegos de condiciones, resaltó Burriel. "La Sindicatura afirma que se incumplen exigencias legales básicas" en contratos de obra, consultoría, asistencia y servicios y suministros, afirmó el dirigente socialista, que puso ejemplos, como la existencia de dos pliegos de condiciones en la urbanización de la Ciudad de la Luz. No hay expediente sin "defectos de fondo sustanciales", denunció Burriel, que calificó el IVVSA de "cortijo de Blasco con la complicidad de Camps".

El responsable socialista también criticó el apoyo del presidente del Consell a Blasco y su política urbanística con su visita a la consejería y aseguró que Camps "se ha quitado la careta" y favorece "un modelo de destrucción del territorio a beneficio de unos pocos". Burriel consideró que la previsión de Blasco de que el territorio urbanizado pase del 3,9% actual al 6% o 7% en una década "es la mayor amenaza" para la calidad de vida de la Comunidad Valenciana, y supondría la construcción de dos millones de viviendas nuevas. "¿Qué hierba va a crecer después del PP?", se preguntó Burriel. A las críticas se sumó el portavoz adjunto de EU-L'Entesa en las Cortes Joan Antoni Oltra, para quien Blasco "está instigando" a que se presenten más PAI.