Una de piratas y batallitas

Siguiendo las mejores tradiciones valencianas, las torres vigía de nuestros gobernantes han señalado la presencia amenazante de bajeles pirata, y están tocando a rebato, para que las huestes de defensa se congreguen, y presentemos batalla, y echemos al impío de vuelta al mar. Hasta aquí todo bien, y entra en lo habitual. Pero un examen más atento muestra algunas simpáticas contradicciones, que es preciso poner en relieve.

Resulta que los pretendidos bajeles piratas esta vez no enarbolan la bandera negra con calavera y tibias, sino una conocida y respetable, azul con estrellas doradas. Que, entre paréntesis, es también nuestra, y ondea con orgullo en nuestras instituciones, junto a las enseñas nacional y autonómica. Algo falla en la vista del vigía, ¿no?

No sólo en la vista. Falla en el cerebro, en la interpretación y el análisis, porque tanto vigía como huestes -el gobierno valenciano, y quienes están obedeciendo servilmente a su llamada- están deformando la realidad, presentando los hechos de forma sesgada, y mostrando una preocupante deslealtad institucional hacia la mencionada bandera y lo que representa. Están insultando la inteligencia de los ciudadanos valencianos, que son también, pese a la mala memoria de sus líderes, europeos.

Recapitulemos. La intervención de la Unión Europea en el caso del urbanismo valenciano que ha suscitado esta desaforada reacción ha tenido lugar desde dos instituciones, Parlamento y Comisión.

Desde el Parlamento, donde el 13 de diciembre se aprobó por sonora mayoría (550 votos a favor, 45 en contra, 35 abstenciones) un informe preparado por el Comité de Peticiones, que exhorta al gobierno valenciano a reparar situaciones negativas para la Comunidad Valenciana y para toda la Unión, relacionadas con la desprotección jurídica del ciudadano y del territorio. Sobre este informe hay que decir tres cosas de relieve. Primero, que ha sido aprobado en un Parlamento con mayoría conservadora, lo que excluye la socorrida excusa de la confabulación judeomasónica de los malos. Segundo, que aunque no es vinculante, como se han apresurado indignamente a decir algunos, proviene de una institución que ha hecho doblar la cerviz recientemente a más de un ilustre (último de los cuales, el propio presidente de la Comisión, Durão Barroso, cuando intentara imponer a un candidato a comisario manifiestamente homófobo, el triste Buttiglione). En Europa hay menos conspiraciones de las que quisieran hacernos creer algunos de nuestros gobernantes, y más pensamiento. Tercero, que el Parlamento Europeo ha tenido que significarse en apoyo no sólo de los ciudadanos, sino también de una institución señera de la Comunidad Valenciana, el Síndic de Greuges, cuyos informes han sido sistemáticamente despreciados.

Desde la Comisión, aquí en Bruselas, la cosa es mucho más sencilla -y vinculante, dicho sea de paso-. Mis colegas de la Dirección General MARKT, Mercado Interior y Servicios, han apercibido al gobierno valenciano de que su legislación urbanística sigue sin respetar las directivas sobre contratos públicos, y que o la corrigen, o llevarán el caso al Tribunal de Justicia Europeo, teniendo bastante confianza en cuál será el resultado (de lo nerviosos que se han puesto sus jefecillos políticos, se deduce que los excelentes juristas de la Generalitat sean del mismo parecer). La flaca y pulgosa excusa del conseller correspondiente, en este caso, estriba en decir que el firmante de los tratados es el Reino de España, no la Generalitat Valenciana, por lo que el apercibido, según su eminencia, es el Gobierno de Madrid. Nos tiene que explicar la Generalitat tres cosas. Primera, si el firmante de los Tratados es el Reino de España (como efectivamente ocurre) y la Generalitat va de mirona, ¿qué pinta la anunciada visita de Camps a Bruselas? Segundo, si espera el conseller que el Gobierno de Madrid obligue a la Generalitat a respetar el dictamen de la Comisión, valiéndose del artículo 93 de la Constitución Española. ¿Considera que ese escenario sea positivo para la Generalitat? Tercero, si la comunicación de la Comisión concierne un tema de urbanismo, competencia transferida de Madrid a Valencia, ¿piensa el desinformado conseller que las transferencias sean sólo de derechos, o recapacitará, dándose cuenta de que son también de deberes?

Hasta aquí los hechos. Situémoslo en su contexto, donde tienen incluso peor aspecto. En efecto, el contexto es el de un país que, desde su adhesión a las Comunidades Europeas en 1986 se ha distinguido por ser uno de los mayores beneficiarios netos del presupuesto. Estimaciones cualificadas dicen que en estos 20 años las Comunidades han invertido en España, a fondo perdido, del orden de un quinto de dicho presupuesto. Nuestro ex presidente Aznar, cuando con su bien conocida imprudencia se jactó en un consejo europeo del crecimiento español, y se permitió criticar el parón económico alemán, se buscó una inaudita respuesta del ex canciller Schröder, sin precedentes en el cauto lenguaje de la diplomacia, quien le recordó ipso facto, en público, que era fácil crecer con el dinero salido de bolsillos alemanes y holandeses.

Dice el refrán que es de bien nacidos ser agradecidos. A la vista del contexto en el que se produce la desnortada reacción de la Generalitat, diríase que en algunas instancias de nuestra vida pública podría haber problemas... de agradecimiento.

Hasta aquí un repaso del brillante espectáculo ofrecido por alguna de nuestras instituciones. Pasemos a la sociedad civil, que también hay para ellos. Resulta bochornoso ver como el sector empresarial olvida cualquier análisis y se agrega ovinamente a las imprudencias del conseller, olvidando que los advenedizos pasan, pero las instituciones permanecen.

Tuve el honor de realizar una modesta asesoría a Coepa hace unos años, en Alicante, con motivo de los proyectos sobre el tren de alta velocidad -ese desaparecido-, y obtuve de ello buena satisfacción profesional, porque trabajé con una organización analítica, pensante, fina, capaz de dialogar críticamente con los poderes públicos. Por ello me desilusionó profundamente ver que renunciaba a esas cualidades durante la lastimosa batallita del Ebro, la del "agua para todo". Por las mismas deploro ver que Fecoval, en este momento, vuelva a las andadas, clamando contra los pretendidos desmanes europeos; erra en el origen, y se equivoca de estrategia y de métodos. No me cabe duda de que una de las tareas primordiales de las nuevas estructuras dirigentes de Coepa, cuando se produzca la ya cercana renovación de las mismas, será la recuperación de esa independencia.

Desde esa independencia recuperada, y sin excepciones dictadas por los intereses miopes del momento, podrán colaborar con la sociedad civil en la protección de los valores que deben hacer grande a la Comunidad: el respeto de las instituciones, de los tratados, de los ciudadanos, del territorio y de las ciudades. En la protección, en suma, de lo que quedará para todos cuando nuestras individuales insignificancias del presente, llevadas por el viento de la historia, duerman en un lejano rinconcito.

Fernando Sánchez Amillategui es auditor de la Comisión Europea.