El Supremo condena a seis años a los dueños de un 'chiringuito financiero' alavés

El Tribunal Supremo ha condenado a los dos propietarios de la gestoría de inversiones Erne de Vitoria, Javier López de Landache y José Ramón Sáenz de Maturana, a seis años de prisión cada uno por un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida de más de 600.000 euros de varios ahorradores que les confiaron su dinero. La sentencia rebaja en dos años la condena inicial de ocho que dictó la Audiencia Provincial de Vitoria en junio de 2003, pero ratifica que ambos deberán indemnizar a los 21 afectados que les denunciaron, de los más de 300 que perdieron todos sus ahorros, con más de 600.000 euros.

La sentencia considera probado que los dos acusados se dedicaban a captar el dinero de numerosos alaveses y lo invertían, sin aclarar el destino de esas inversiones y sin reflejarlo en su contabilidad. A los ahorradores les prometían unos intereses cercanos al 10%.

El negocio funcionó hasta que Landache y Maturana gastaron 2,70 millones de euros -de ellos 1,61 millones de los fondos de Erne- en comprar una parcela en Gran Canaria cuyos propietarios habían adquirido unos meses antes por 750.000 euros. Una sociedad creada por Erne y llamada Vigama iba a promover allí unos apartamentos. No llegaron a poner ni un ladrillo. La carga financiera y la devolución del crédito llevó a Erne a la bancarrota entre 1991 y 1992. Erne poseía además otra sociedad, la mercantil River Joyeros, cuya operativa llevaba de forma más directa Sáenz de Maturana, aunque el Supremo le declara corresponsable de la apropiación indebida continuada junto a su socio al atribuirle la toma colegiada de las principales decisiones de inversión. Dos peritos de las acusaciones explicaron durante la vista oral que las cuentas de la sociedad nunca fueron inscritas en el Registro Mercantil.

La gestoría Erne nació en 1988 con el objetivo de mediar, gestionar, tramitar e intervenir en todo tipo de operaciones financieras, así como la fabricación y compraventa de joyas, e intervenciones inmobiliarias. Sin embargo, no contaba con autorización del Banco de España para intermediar en los mercados de valores, aunque de hecho funcionó como un chiringuito financiero.

Es previsible que los afectados cobren con cierta rapidez ya que el Juzgado de Instrucción número tres de Vitoria embargó bienes a Sáenz de Maturana por valor de 320.000 euros y por otros 190.000 a López de Landache.

El Supremo justifica la rebaja de dos años de prisión para los condenados por los retrasos indebidos en el proceso de instrucción. La fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria no formuló en su día acusación al considerar que no existía un delito penal.