Las tiendas del metro piden a Gallardón y Aguirre que intercedan para evitar su cierre

La decisión de Metro de Madrid de cerrar el próximo mes de junio las 125 tiendas que existen en los pasillos del suburbano constituye un ataque contra el pequeño comercio que provocará el despido de 700 trabajadores. Así lo manifestaron ayer representantes de los comerciantes, CC OO, UGT y de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de España (Copyme), que responsabilizaron "políticamente" del cierre a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a quienes exigieron que intervengan para evitar su cierre.

Un portavoz de Metro -empresa pública propiedad de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid- explicó que el objetivo del cierre es "hacer obras de remodelación para modernizar el comercio subterráneo, mejorar el modelo de explotación y, con ello, la imagen del metro".

Para lograrlo, Metro ha encargado dos estudios y pretende poner de nuevo los comercios en alquiler tras las obras. La intención inicial era cerrar las tiendas en estas fechas, pero la oposición de los comerciantes han llevado a retrasarlo hasta junio.

"Legalmente, Metro puede hacerlo porque todos los contratos de arrendamiento expiraron el pasado 31 de diciembre", explica Fernando Martínez Marilla, director general de Metromatic. Esta empresa privada es la que tiene la concesión desde 1973 para gestionar los 125 locales comerciales existentes en el suburbano.

"Responsabilidad política"

Los comerciantes, algunos de los cuales llevan más de 20 años ganándose la vida con sus tiendas, se consideran víctimas de una operación especulativa. Y acusan a Aguirre y Ruiz-Gallardón, como gestores de las instituciones propietarias de Metro, de "toda la responsabilidad política que puede acarrear el cierre de 125 comercios y la pérdida de 500 empleos directos y 200 indirectos", explicó en rueda de prensa Francisco Ferrera, portavoz de los comerciantes.

Ferrera se reunió ayer con representantes de CC OO, UGT y Copyme, que le mostraron todo su apoyo. "La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid presumen de velar por el pequeño comercio, pero esto parece indicar todo lo contrario. Es lastimoso lo que están haciendo", manifestó Salvador Bellido, presidente de Copyme.

Rafael Bris, de UGT, se preguntó: "¿Por cuánto tiempo continuarán Aguirre y Ruiz-Gallardón con sus políticas de destrucción de empleo? A este ritmo, en 15 años tendremos que hacer un museo del pequeño comercio porque éste habrá desaparecido". Antonio Ruda, de CC OO, se quejó de que "la Comunidad favorezca siempre a los mismos" y denunció la "situación de abandono e indefensión" de los comerciantes y sus trabajadores.

Copyme, CC OO y UGT sospechan que Metro quiere expulsar a los actuales arrendatarios del suburbano para dar entrada a las grandes cadenas comerciales. Por ello, exigieron una reunión con Ruiz-Gallardón y Aguirre "para encontrar una solución a la defensa de los derechos de los trabajadores", según Ruda. Éste añadió que son ellos y no Metro de Madrid, en la figura de su consejero delegado, Ramón Aguirre, quienes tienen que responder a las quejas de los comerciantes.

Ferrera denunció el "auténtico acoso" al que están siendo sometidos los comerciantes "por parte de Metro y Metromatic, que en esto actúan juntos". "Algunos comercios de la estación de Legazpi, por ejemplo, fueron desalojados por una obra durante varios meses. Luego, cuando han podido volver, han sido desalojados sólo dos semanas más tarde por vencimiento de contrato, cuando ya habían aprovisionado género y contratado personal. Hay otros casos sangrantes en Alonso Martínez, a los que ni siquiera se les ha ofrecido prorrogar el contrato", denunció Herrera.

Bellido, de Copyme, cuantificó en "cientos de millones de euros" las pérdidas sufridas por los comerciantes en estas fechas. Un local comercial de unos nueve metros cuadrados en la estación de Sol paga un alquiler mensual de unos 6.000 euros, según Ferrera.

Los comerciantes han decidido actuar conjuntamente formando una asociación y llevar adelante un calendario de protestas. Copyme sostiene que "con el apoyo del PSOE e IU" llevará el asunto a la Asamblea de Madrid y al Ayuntamiento.