El 82% de los ayuntamientos esquiva la fiscalización de los auditores públicos

Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid son muy remisos a que el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, la Cámara de Cuentas, revise sus números. Eso es lo que se desprende, al menos, del informe elaborado por los auditores regionales sobre los estados financieros de las corporaciones locales.

La Cámara de Cuentas admite en el citado estudio que tiene dificultades para obtener los estados contables de muchos municipios de la Comunidad. Sólo el 18% de los ayuntamientos remitió en tiempo y forma sus cuentas del ejercicio 2002, tal y como exige la ley.

De las 219 entidades locales básicas de la región (179 ayuntamientos, 38 mancomunidades y 2 entidades locales menores), sólo 40 han cumplido con su obligación de enviar a la Cámara la información exigida. Además, 15 meses después de la finalización del plazo establecido para presentar las cuentas, el 31 de enero de 2005, aún faltaban 92 entidades por presentar sus números o la documentación que habían presentado estaba incompleta.

Los ayuntamientos más remolones a la hora de enviar la información son aquellos con menos de 5.000 residentes, unas 115 corporaciones locales. La Cámara cree que esto se debe a que disponen de menos medios técnicos para preparar la información requerida.

A pesar de que es obligatorio que los ayuntamientos remitan la información contable a la Cámara de Cuentas, ésta admite que no tiene capacidad para sancionar a las entidades locales que incumplan con su obligación.

La Cámara de Cuentas se constituyó en 2000 "y lleva funcionando poco tiempo", justifican desde el organismo.

Para mejorar el flujo de información, los auditores públicos planean organizar unas jornadas de formación para ayudar a los ayuntamientos con más dificultades. También, según anunciaron ayer, preparan unos formularios estandarizados que faciliten los trámites.

El organismo fiscalizador de Madrid recomienda en su informe sobre las cuentas municipales de 2002 que se deben "arbitrar las medidas necesarias para conseguir que las corporaciones locales cumplan con su deber de rendir las cuentas generales".

De hecho, y a causa de esta falta de información, los auditores públicos no han podido fiscalizar unos 1.000 millones de euros.