Chirac levanta el estado de urgencia en Francia

El presidente francés, Jacques Chirac, ordenará hoy durante el Consejo de Ministros el levantamiento del estado de urgencia en Francia, según anunció ayer el jefe del Estado. La ley, que permitía sobre todo el toque de queda pero también los registros sin permiso judicial, limitaba el derecho de reunión y, eventualmente, el recurso al control de los medios de comunicación, comenzó a aplicarse el 7 de noviembre para permitir a la policía luchar con más eficacia contra la oleada de violencia urbana desatada el 27 de octubre de 2005.

La Asamblea Nacional aceptó el 18 de noviembre prolongar tres meses la vigencia de una ley que había sido creada en 1955, para combatir la rebelión en Argelia. El estado de urgencia, según autorización parlamentaria, podía pues mantenerse hasta el 18 de febrero pero, una vez pasadas las fiestas de fin de año -425 coches ardieron el 31 de diciembre- su utilidad era más que dudosa.

Al levantar la ley antes de que acabase su plazo de vigencia, el presidente Chirac pretende además demostrar que es él quien gobierna y decide y no el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. En realidad la entrada en vigor de la ley fue unilateralmente decidida por Chirac y el primer ministro, Dominique de Villepin, en contra del parecer de Sarkozy, que confiaba en poder acabar con la quema de coches e inmuebles sin necesidad de recurrir a ley especial alguna.

La aplicación del estado de urgencia se produjo tras la noche en que los destrozos fueron más importantes -1.408 automóviles incendiados- en diversas ciudades francesas, pero no sirvió para poner fin a la violencia de manera radical pues ésta se prolongó aún durante 20 días.

En realidad, el estado de urgencia sólo se aplicaba si existía un acuerdo entre los alcaldes y los representantes, en cada departamento, del Ministerio del Interior. Y, en la práctica, todo el arsenal judicial sólo se empleaba sólo en determinadas zonas para prohibir la venta de gasolina "a granel".

La pasada noche de San Silvestre, con su aumento de la violencia en torno al 27% respecto el año anterior, también ha parecido probar la ineficacia del dispositivo de las fuerzas de policía -25.000 agentes movilizados- y del marco legal especial. Para la oposición socialista ese fin de año "ha sido el más violento de la década".