La Audiencia Nacional estudia embargar las cuentas al asesino de Baglietto

La Audiencia Nacional estudia embargar las cuentas bancarias y los bienes de Kandido Azpiazu, autor del asesinato el 13 de mayo de 1980 de Ramón Baglietto, la persona que le había salvado la vida 18 años antes.

Azpiazu fue condenado a 49 años de cárcel y una multa de dos millones de pesetas (12.020 euros) por el atentado, así como a indemnizar a los herederos de su víctima con 10,6 millones de pesetas (63.707 euros). Sin embargo, el etarra se declaró insolvente, por lo que no pagó ni una peseta.

Salió de prisión en 1995, después de cumplir 15 años de los 49 de su condena por haberse beneficiado de diversas redenciones ordinarias y extraordinarias de la pena.

El 16 de marzo de 2005, Azpiazu y su mujer compraron una cristalería en la calle Ibai Ondo, número 14, de Azkoitia (Guipúzcoa). Se trata de un local de 91 metros cuadrados que ha costado, según figura en la escritura, 120.202,42 euros y que tiene un crédito principal de 53.000 euros suscrito por La Caixa y a devolver en 120 cuotas.

Precisamente, el comercio, Aldako Cristalería, está situado en los bajos del edificio en el que reside Pilar Elías, la viuda de Ramón Baglietto, que en la actualidad es concejal del Partido Popular en la citada localidad.

Los hechos fueron del dominio público a principios de diciembre de 2005, tras un reportaje publicado por EL PAÍS. En ese momento, la Sala de lo Penal, de oficio, y la Fiscalía por su parte, decidieron instar a que Azpiazu pague la indemnización a que fue condenado en su momento. La Fiscalía reclamó que se embargue el inmueble de la calle Ibai Ondo y que se oficie a La Caixa, con la que tiene un crédito, que le bloquee las cuentas que posea. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reclamado la pieza de responsabilidad civil, que se encuentra archivada en el depósito que la Audiencia tiene en Alcalá de Henares (Madrid).

Sin embargo, fuentes de la propia Sala Penal han señalado que existe una muy alta probabilidad de que la posibilidad de reclamar la indemnización haya prescrito, por lo que Azpiazu podría eludir el pago de la indemnización. El plazo de prescripción, según estas fuentes, habría vencido si hubieran transcurrido 15 años desde que la sentencia hubiera sido declarada firme, es decir, que no hubiera posibilidad de recurso.

Se da la circunstancia de que ni la Fiscalía ni la Sala de lo Penal han instado nada en relación con el otro condenado por el asesinato de Baglietto, Juan Ignacio Zuazolazigorraga, que, según la viuda, ha abierto recientemente un restaurante.