La Junta negocia con Trabajo un reparto más favorable de las políticas de empleo

La Consejería de Empleo ha dado un paso más hacia el viejo objetivo de la Junta de lograr un reparto de las políticas de empleo menos perjudicial para Andalucía. El sistema de distribución actual entre comunidades autónomas prima el número de parados registrados (en el último reparto, Andalucía concentraba el 22,5%) frente al número de demandantes de empleo no ocupados (29,3% en Andalucía). El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a que, en 2006, los 250 millones de euros en los que se incrementarán los fondos se repartirán en función de ambos criterios (parados y demandantes), a partes iguales. Una decisión que reportará más dinero para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El presupuesto del SAE depende, en buena parte, del reparto de fondos que acuerdan a principio de año Trabajo y las comunidades. Es el dinero con el que se financian, entre otros, los cursos de formación.

El año pasado, Andalucía recibió 554 millones de euros en esta distribución de fondos, que se aprueba en una Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. La asignación a Andalucía supuso el 24,5% del total (se distribuyeron 2.261 millones), pero el reparto no contentó al Ejecutivo andaluz. Sin embargo, para 2006 se negocia una mejora que, según fuentes de Empleo, tendrá que refrendarse en otra reunión sectorial.

El origen de las discrepancias está en la distinción estadística entre parados registrados y demandantes de empleo no ocupados. Las instrucciones del ministerio impiden registrar como parados a algunas personas que no tienen trabajo y lo buscan: es el caso de las personas que demandan empleos de menos de 20 horas semanales, de aquellos que han rechazado alguna acción de inserción o de los jornaleros, que tienen un régimen específico (el subsidio agrario).

La diferencia en el caso de Andalucía no es poca cosa. En el periodo utilizado para el reparto de 2005, la media mensual de parados registrados en la comunidad fue de 357.697 personas. En ese mismo periodo, la media de demandantes de empleo no ocupados en Andalucía fue de 636.738, casi el doble.

La exigencia de la Junta desde hace más de una década es que en el reparto de fondos se tenga en cuenta de forma prioritaria el número de demandantes de empleo de cada comunidad, ya que todos son clientes de las oficinas de empleo. En 2005, eso hubiese significado para el Servicio Andaluz de Empleo recibir casi 650 millones, unos 100 más que lo conseguido.

Pero en esa exigencia, Andalucía tiene en contra a casi todas las comunidades: en la mayoría, el número de demandantes de empleo no ocupados es sólo ligeramente superior al de parados registrados (ver gráfico). En ningún caso se da la desproporción que existe en Andalucía, por dos motivos básicos: entre los demandantes no ocupados andaluces hay una presencia importante de jornaleros que reciben el subsidio agrario (unos 170.000 al mes), que no existen en el resto de comunidades, salvo Extremadura (30.000 al mes). Y Andalucía tiene la mayor proporción de mujeres y jóvenes activos sin empleo, que son los colectivos en los que es más habitual la búsqueda de trabajos de menos de 20 horas semanales.

Si la distribución se realizase exclusivamente en función de los demandantes no ocupados, sólo Andalucía tendría una ganancia importante de fondos y lo haría a costa del resto de comunidades, que perderían recursos, salvo Cataluña y Extremadura.

El frente común del resto de autonomías ha hecho que la exigencia de la Junta avanzara muy lentamente. Así, hace una década el 92% de los fondos se repartían en función del número de parados, mientras que sólo un 8% de los recursos se distribuían según el número de demandantes no ocupados. Años después, esa proporción se modifícó, de modo que hasta 2005 la distribución de la mayoría de los programas se ha hecho al 80% por el número de parados y al 20% al número de demandantes no ocupados.

Para el próximo reparto de fondos habrá una novedad. Según fuentes de la Consejería de Empleo, responsables autonómicos y del ministerio acordaron a mediados de diciembre hacer el reparto al 50% entre ambas variables. La salvedad es que este nuevo criterio sólo se aplicará al incremento de fondos respecto a 2005. Los cálculos del ministerio son que a los 2.261 millones del año pasado, se le sumarán unos 250 más, que serán los que se distribuirán al 50% por el número de parados y al 50% por los demandantes no ocupados. El resto de los recursos se distribuirán conforme a las reglas vigentes.

Empleo no ha hecho aún una estimación de cuánto dinero ganará con el nuevo criterio en esos 250 millones, ya que el acuerdo debe ser refrendado aún por la Conferencia Sectorial. Un cálculo prudente sitúa la ganancia en unos 6 millones de euros respecto al anterior reparto. Pero para la Consejería la importancia de este paso radica en haber sentado un precedente para 2007, año en el que está prevista una reforma de las políticas de emplo.