Las diputaciones celebran el acuerdo en sociedades pero evitan hacer autocrítica

Los tres diputados generales pasaron ayer por alto las tensiones y divergencias que han mantenido durante dos meses hasta acordar, in extremis, en la noche del jueves, un tipo común del 32,6% en el impuesto de sociedades, y resaltaron en cambio la capacidad negociadora que les ha permitido una armonización fiscal que "cumple con las resoluciones judiciales y reafirma el poder decisión en materia fiscal" de las instituciones forales.

Los consejos de diputados de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya aprobaron ayer sendos decretos de "urgencia fiscal" que fijan el tipo nominal que se aplicará a los beneficios empresariales del ejercicio de 2005 en el 32,6%, una décima por encima del que estaba vigente y fue declarado por separarse excesivamente del que se aplica en el resto de España (35%); primero, por el Tribunal Supremo, y después por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuando las diputaciones volvieron a aprobar el mismo tipo. Las empresas afectadas por este mínimo cambio del gravamen son 4.600 en comunidad autónoma, según fuentes de las haciendas forales.

La mayoría de las instituciones, partidos, sindicatos y patronales saludaron ayer un acuerdo que evita una imagen nada ejemplar de las peculiaridades fiscales vascas. En sus comparecencias, los diputados generales evitaron hacer cualquier autocrítica por el espectáculo de desunión ofrecido durante el proceso y a las razones por las que no fue posible alcanzar antes un acuerdo.

El consenso alcanzado "en el último minuto" ha evitado que Álava aprobara un tipo impositivo diferente y superior a Vizcaya y Guipúzcoa. La fractura se produjo cuando los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa, los peneuvistas José Luis Bilbao y Joxe Joan González de Txabarri anunciaron unilateralmente a finales de noviembre su decisión de rebajar el gravamen hasta el 32%. Este paso fue considerado por la Diputación alavesa, en manos del PP, un acto de "deslealtad". Txabarri negó ayer que aquel anuncio fuese un "órdago" en la negociación, sino una forma de "fijar la posición" de las diputaciones gobernadas por el PNV y EA.

Finalmente, Vizcaya y Guipúzcoa se han visto obligadas a ceder en su postura de establecer a toda costa el porcentaje por debajo del 32,5%, en un intento de apuntalar la capacidad normativa foral por encima del criterio de los tribunales. El desmarque de EA, que se negó a apoyar un tipo inferior al anulado y diferente en las tres provincias, y, en última instancia la intervención del Gobierno vasco y las presiones discretas de la dirección del PNV, han propiciado que Vizcaya y Guipúzcoa hayan acercado sus posiciones a Álava, que era partidaria de fijar el 33% para evitar un nuevo varapalo judicial.

"Ha cedido todo el mundo"

Bilbao declaró que durante esta fase negociadora "ha habido mucho ruido", aunque destacó las instituciones han "sabido estar a la altura de las circunstancias". Txabarri destacó que para llegar a la armonización impositiva "ha cedido todo el mundo".

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, calificó el acuerdo como un "acto de buena voluntad" y deseó que no salgan adelante los recursos que pudiera recibir el nuevo tipo de sociedades. Para evitar la judicialización de la normativa fiscal de las diputaciones, volvió a instar al Gobierno vasco a propiciar el blindaje de las normas tributarias. El Gobierno, al que se han dirigido muchas peticiones para que impusiera una postura armonizada, mostró también su "satisfacción" por el acuerdo.

Las diputaciones deberán abordar en 2006 una reforma a fondo del impuesto de sociedades, en paralelo a la anunciada por el Gobierno central. Txabarri anunció que la nueva regulación se realizará "tomando en cuenta las tendencias europeas, lo que vienen dictando los tribunales y también las posiciones que está adoptando el Gobierno de Zapatero", que tiene previsto situar el tipo en el 30% (el 25% en las pymes). No obstante, aclaró que "no vamos a ir a rebufo de las instituciones españolas" en materia fiscal. En este sentido, el Gobierno vasco asumió el compromiso de velar por que la nueva regulación siga estando armonizada en las tres provincias.

El decreto aprobado ayer establece que, si el Tribunal Constitucional falla a favor de las diputaciones en el recurso de amparo presentado contra la sentencia del Supremo, las haciendas aplicarán a las empresas el 32,5% y les reintegrarán la diferencia del 0,1%.

Por boca de su presidente Pedro Sanz, el Gobierno de La Rioja afirmó que el acuerdo de las instituciones vascas es "una burla torpe" a las sentencias judiciales. Fue un recurso de la patronal de La Rioja el que propició la sentencia del Supremo contra el impuesto vasco de sociedad. Sanz anunció un nuevo recurso contra las normas aprobadas ayer, que entrarán hoy en vigor tras su publicación en los respectivos boletines provinciales, aunque habrán de ser refrendadas posteriormente por las juntas generales de los tres territorios.