El Gobierno ultima la ley contra el fraude fiscal en la compra y alquiler de vivienda

El comprador de una vivienda deberá consignar en la escritura la forma de pago utilizada (hipoteca, cheque, efectivo). Ésta es una de las principales medidas recogidas en el anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal que mañana tiene previsto analizar el Consejo de Ministros y que entrará en vigor durante 2006. Además, quiere acabar con los engaños en alquileres y, entre otras exigencias, obligará a que los inquilinos especifiquen en el recibo de la luz el número de referencia catastral. Para evitar las facturas falsas, fija el pago de una retención sobre las facturas emitidas por empresarios a otros empresarios.

La lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales objetivos del Ministerio de Economía y Hacienda, que este año ha puesto en marcha un plan específico para combatir el dinero negro -los expertos calculan que la economía sumergida española representa el 20% del PIB- y que incluye un mayor número de inspecciones. Para reforzar ese plan, el Gobierno se dispone a aprobar una ley con medidas complementarias que requieren un mayor desarrollo normativo y que se centra en dos grandes focos de fraude al fisco: el sector inmobiliario y las facturas falsas.

Habrá, en ese sentido, más control sobre la compraventa de viviendas. Las escrituras deberán incluir el modo de pago utilizado para realizar la operación, bien sea efectivo, cheques, préstamos u otras propiedades, según el anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal que el vicepresidente Pedro Solbes explicará mañana al Consejo de Ministros.

La vigilancia se extremará también en torno al alquiler. Hacienda obligará a los inquilinos a facilitar el número de referencia catastral del inmueble (una especie de DNI de las casas) en el recibo de la luz para estrechar el control sobre los pisos alquilados sin declarar, que figuran como vacíos. De esta forma, cumple con su objetivo de identificar al propietario del inmueble alquilado.

Rendimientos por alquiler

En la actualidad, tanto propietarios como inquilinos deben incluir esa referencia catastral en el IRPF. Esta medida, que se aplicó por primera vez este año con la entrada en vigor del plan de prevención del fraude, ha dado sus frutos: un total de 101.000 nuevos propietarios han consignado en su declaración de la renta que perciben rendimientos por alquiler. Esa cantidad supone un 8,6% más que en la campaña anterior y eleva a 1,3 millones el número de arrendadores que lo declaran. También han crecido los ingresos declarados por esos alquileres: 862 millones de euros más, hasta 10.190 millones.

Otra de las medidas incluidas en el anteproyecto de la futura ley está dirigida a aumentar el control sobre el sistema de tributación de módulos, pues el Gobierno considera que una minoría de empresarios se acoge a este régimen para emitir facturas falsas del IVA. Cuando se tributa por este sistema, muy empleado en bares y en comercios, los impuestos se establecen según las dimensiones del negocio (metros cuadrados, número de empleados, etcétera) y los empresarios no tienen que hacer frente a ningún coste cuando emiten facturas, ya que no las tienen que presentar a la hora de liquidar sus declaraciones de renta.

Ahora, el Gobierno quiere fijar una retención -más simbólica que con fines recaudatorios- en el pago de esas facturas, para tenerlas más controladas y encarecerlas. Las facturas falsas sirven tanto para blanquear dinero como para pedir a Hacienda una devolución indebida del IVA. La retención se aplicará a las facturas entre empresarios y profesionales, pero no cuando el destinatario sea el consumidor final (por ejemplo, la factura que un taxista emite para un cliente particular).

Tras el Consejo de Ministros de mañana se abrirá un periodo de información pública, de aproximadamente un mes, para que los sectores implicados puedan enviar sugerencias sobre el contenido de la futura ley. La aprobación definitiva del texto por parte del Gobierno se producirá previsiblemente en el mes de febrero, con lo que el Congreso puede aprobar la ley antes de las vacaciones de verano.

Este texto complementará el plan de prevención del fraude puesto en marcha en enero y que empieza a dar sus frutos. Los ingresos por actuaciones de control de la Agencia Tributaria superaron los 3.222 millones de euros hasta septiembre, un 9,5% más que en idéntico periodo del año pasado. En el sector inmobiliario se han inspeccionado en profundidad 2.300 sociedades, mientras se han triplicado las actuaciones sobre las tramas de fraude en el IVA, sobre todo en la venta de vehículos, telefonía e informática.

Órgano contra el blanqueo

No sólo Hacienda persigue el fraude. El Consejo General del Notariado presentó ayer el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Dinero (OCP), a instancias del Ministerio de Economía, informa J. Sérvulo González. El nuevo órgano, en funcionamiento desde el pasado 24 de diciembre, reforzará la colaboración entre los notarios y la Administración Pública para intensificar la lucha contra el dinero negro proveniente de actividades delictivas en sectores como el de la vivienda, el narcotráfico o la prostitución.

El presidente de los notarios, José Marqueño de Llano, explicó que el OCP contará con una unidad de análisis, en la que trabajarán profesionales especializados en la lucha contra el blanqueo de capitales, y otra de procedimiento, destinada a la formación continua del personal y de los notarios. "Los notarios no somos expertos en blanqueo de capital", dijo.

Marqueño apuntó que el OCP permitirá a los notarios colaborar con más eficacia en la lucha contra el lavado de capitales, ya que podrán informar de aquellas operaciones de las que tengan indicios o sospechas para que las analicen y las comuniquen a las autoridades competentes.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que el OCP incrementará la eficacia del sistema jurídico. Para que la fiscalía actúe con más eficacia es necesario que disponga de "información más segura, fidedigna e inmediata", según explicó López Aguilar.