La Ley de Patrimonio Histórico combatirá el expolio arqueológico

Evitar la contaminación visual en los monumentos y su entorno, reducir las figuras de protección a tres categorías para hacerlas compatibles con las creadas por el Estado y combatir el expolio arqueológico son algunas de las medidas de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ayer en Sevilla iniciar la tramitación del anteproyecto de esta nueva norma que sustituye a la de 1991 y entrará en vigor en un plazo de ocho meses.

"Es una ley para el siglo XXI que está pensada para hacer compatible la necesidad de dinamismo de nuestra sociedad y la salvaguarda del patrimonio", explicó ayer la consejera de Cultura, Rosa Torres, tras el Consejo de Gobierno.

En cuanto a protección, la novedad de la futura ley son las disposiciones que evitan el impacto visual sobre el patrimonio que provocan antenas, rótulos publicitarios o mobiliario urbano. Por primera vez, todo lo que se coloque sobre un Bien de Interés Cultural (BIC) o su entorno quedará bajo el control de Cultura.

Para la redacción de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, Cultura ha colaborado con otras consejerías como la de Obras Públicas. La futura norma modificará la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) e implicará la solicitud de un informe de la Consejería de Cultura cuando afecte a bienes de patrimonio histórico. "Será un informe único que simplificará los procedimientos y que podrán realizar los ayuntamientos que dispongan de una oficina especial para este trámite", aclaró ayer Torres.

Otra de las medidas que guardan relación con la LOUA es la regulación de las excavaciones arqueológicas sobre BIC o cuando se produce un hallazgo arqueológico durante los trabajos. En este sentido, la nueva ley obligará a la promotora inmobiliaria a realizar las excavaciones en el suelo que tenía previsto trabajar, pero si es necesario que los trabajos continúen los realizará la Consejería de Cultura.

En cuanto a las infracciones y sanciones, la nueva ley establece multas de hasta un millón de euros para las faltas graves como las demoliciones no autorizadas, aunque la sanción puede ser mayor si el beneficio obtenido por el infractor es más de un millón de euros. Además, en los casos en que el infractor deba reparar el daño causado por una demolición, el deber de la reconstrucción no implicará obtener una edificabilidad mayor que la del inmueble demolido.

"La ley tiene la voluntad de simplificar las figuras de protección para que no se superpongan con las creadas por el Estado. Existirán tres categorías: Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español y Catalogación General. La consejería pedirá una autorización administrativa para las intervenciones en los BIC; mientras que en el resto de las figuras sólo será necesaria una comunicación previa", explicó Rosa Torres.

"Una de las necesidades más apremiantes es el combatir el expolio arqueológico de los yacimientos, por eso la ley establece que los bienes hallados son de dominio público y prohíbe que los particulares realicen labores de detección. Lo peor es que se suelen destruir los distintos estratos que forman el yacimiento de forma que se pierde toda la información", añade la consejera.

Además, se crea la nueva figura de la Zona Patrimonial que protegerá lugares con valores paisajísticos y ambientales de distintas épocas y estas áreas estarán gestionadas por un parque cultural.