El alcance del nuevo salto

La semana que se inicia se dibuja como la decisiva respecto al futuro del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. El plazo de presentación de enmiendas al texto enviado por el Parlamento catalán finaliza el martes 27, pero eso no significa que para esa fecha tenga que haberse llegado a un acuerdo completo entre el Gobierno y el PSOE, por un lado, y el "cuatripartito" catalán, por otro. Lo lógico es que se hayan establecido algunos acuerdos importantes y, sobre todo, que el desacuerdo haya quedado limitado a un pequeño número de apartados.

El deslinde entre un gran paquete de acuerdos y un pequeño grupo de desacuerdos suele ser la primera técnica en cualquier negociación especialmente difícil. Ese objetivo debería ser, pues, el primero de la reunión multibanda que está previsto celebrar en Madrid antes de que se inicie el debate en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

A la espera de cómo quede el proceso del Estatut, muchos analistas coinciden en que éste es uno de los momentos más difíciles de calibrar desde la transición

Intereses

La enorme dificultad del nuevo estatuto catalán reside, como siempre, en compaginar los intereses de comunidades autónomas que son ricas, como Cataluña (pero también como Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana), con comunidades que precisan un fuerte transvase de fondos, sin el que no es posible garantizar la cohesión territorial del conjunto de la nación. Y hacerlo a través de un único mecanismo, que satisfaga y mejore a las ricas, pero que sea también aplicable a las pobres, sin desmejorarlas.

El Partido Popular basa toda su estrategia de desgaste del Gobierno en la idea de que no existe solución posible, porque para ganar unos, otros tendrían que perder. Si esa idea se instala en el imaginario político nacional, los populares creen que el coste para el partido gobernante y para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero podría ser muy elevado.

Los socialistas, por su parte, son conscientes de la dificultad y no ocultan su preocupación. Pero la gran mayoría de ellos ha creído también que se podía llegar a firmar un nuevo acuerdo con Cataluña, girando, como siempre, en torno al porcentaje de la recaudación del IRPF que se podría ceder a cada comunidad autónoma. Del 15% que autorizó Felipe González se pasó a más de un 30% con José María Aznar. El PSOE ha confiado en que era posible llegar a un nuevo pacto dando un nuevo salto. El mecanismo, afirman, es irreprochable (fue utilizado por unos y por otros). Lo único importante ahora es la categoría, el alcance del nuevo salto.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, habló la semana pasada de un 50% del IRPF, pero enseguida quedó claro que ese listón era considerado insuficiente por los nacionalistas y por el propio PSC. La cuestión era ¿hasta dónde? El cuatripartito reclamaría, sin duda, un salto francamente espectacular (¿por qué no el 90%?). La duda sobre una decisión semejante se ha mezclado a lo largo de toda la semana con el cálculo de las consecuencias, no sólo técnicas, para equilibrar los mecanismos de solidaridad, sino también políticas. ¿Percibirían los ciudadanos ese porcentaje como una cesión excesiva? ¿Podría presentarse como un adelgazamiento excesivo del Estado central?

Inquietud popular

La negociación del nuevo estatuto catalán causa inquietud entre las filas socialistas, pero también, y mucha, por más que se intente ocultarla, entre las filas populares, aunque por motivos diametralmente opuestos. Los dirigentes del PP consideran que un posible éxito en la negociación del Estatut permitiría al Gobierno jugar con la imagen de la oposición como un grupo alarmista, permanentemente pronosticando la catástrofe. "Sin ninguna duda", asegura un dirigente socialista. "Si el Estatut se aprueba ahora y tenemos dos años, antes de las elecciones, para demostrar que no ha pasado nada terrible, los socialistas le reprocharemos siempre al PP su actitud agorera y siniestra".

A la espera de cómo se desarrolle finalmente todo el proceso, muchos especialistas en análisis político coinciden en que éste es, probablemente, uno de los momentos más difíciles de calibrar desde la época de la transición. "Apasionante políticamente, pero muy difícil de valorar porque están implicados muchos grupos y con muchos intereses contrapuestos", reconoce un analista próximo a los socialistas. "Hacía mucho tiempo que la situación política de fondo, es decir, la que afecta a temas básicos, no estaba tan abierta. Coincido con el colega: uno de los momentos más difíciles de analizar desde la primera época democrática", mantiene un experto próximo al PP.