Cierre por dudar del holocausto

El Consejo Superior del Audiovisual (CSA) lleva más de quince años funcionando en Francia bajo la forma actual. Lo integran nueve miembros, nombrados, a partes iguales, por el presidente de la República, el de la Asamblea Nacional y el del Senado entre personas de reconocida solvencia profesional y que no tienen ningún cargo político.

En su ya considerable experiencia el CSA ha cerrado un canal de televisión -La Cinq- por incumplir reiteradamente los horarios previstos y anunciados, ha multado a la privada TF1 con más de 600.000 euros por emitir más publicidad de la autorizada, y ha cerrado con duraciones distintas -de unas pocas horas a una semana- emisoras de radio que han faltado a la verdad o han difundido mensajes incitando al odio. Recientemente, ha advertido a Canal + por haber emitido a lo largo de 2005 sólo un 56% de ficción europea en vez del 60% al que se comprometió en el momento de acceder a la licencia; ha prestado atención al caso del humorista Dieudonné, acusado de antisemitismo; ha requerido de la pública France 2 para que fuese más cuidadosa en la exactitud de sus informaciones médicas y tuviera en cuenta la emisión de determinadas imágenes en horas en que menores aún pueden estar viendo la televisión. También cerró una semana la radio juvenil NRJ por declaraciones en las que se ponía en duda la existencia de las cámaras de gas en los campos de exterminio nazis.

La falsedad en informaciones implica, habitualmente, rectificar públicamente en horas de idéntica audiencia y de manera clara. Si se repiten, entonces el CSA pasa, primero a la multa, luego a la suspensión y por último a la retirada de la licencia. La fórmula "los hechos son sagrados, las opiniones libres" es más respetada por el CSA que por la legislación francesa.