Así me lo aprendí yo

Para defender una sociedad basada en los derechos humanos, el Gobierno de un gran país democrático como EE UU piensa que se puede llegar a torturar y a crear cárceles secretas. Para defender los valores cristianos, los obispos españoles financian una emisora de radio en la que se miente, insulta y calumnia casi todos los días. Para defender la libertad de expresión, el Parlamento catalán aprueba una ley que incluye peligrosos mecanismos de control de la información y de la opinión. Como dice el juez John E. Jones III, que ha prohibido la enseñanza del diseño inteligente en las escuelas de Pensilvania, es irónico que mucha gente crea que para defender unas convicciones puede tranquilamente vulnerarlas: gente religiosa que utiliza la mentira sin pestañear; demócratas que aceptan "el mal menor" sin reparos; y periodistas, unos que mienten e insultan y aseguran que están ejerciendo la libertad de expresión, y otros que quieren callarles, precisamente para defender la libertad de expresión. Parece que el único mal contra el que resulta imposible luchar es contra el mal relativo.

Quede claro que un medio de comunicación no tiene derecho a insultar ni a calumniar, ni puede cambiar los hechos y datos; no puede atribuir a alguien algo que no ha dicho ni hecho. O puede, pero debería, a posteriori, responder por ello ante los tribunales.

Es posible que en España exista realmente un problema legal porque el responsable de un programa radiofónico (Jiménez Losantos) ha podido decir en la Cope que un ministro "quiere fundar otra vez el GAL para matar periodistas incómodos" sin que ese ministro haya acudido inmediatamente a un juez para reclamar una sanción. Existe un problema si los tribunales no actúan con rapidez o si los ciudadanos, incluidos los políticos, creen que no tienen protección ante la calumnia o la injuria. Y quizás sea cierto que conviene examinar con cuidado los recursos de que disponemos los ciudadanos para hacer frente a técnicas fascistas de descrédito de las personas, orquestadas desde un medio de comunicación.

Pero lo que no tiene sentido es pretender atajar el problema de la forma como pretende la ley del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), atribuyendo a un organismo no judicial la capacidad de valorar el ejercicio de derechos fundamentales, por muy democráticamente que haya sido elegido ese organismo o por mucho que las ideas que represente sean compartidas por la población.

¿Se pretende sancionar a alguien por decir que "la historia del socialismo español es la apoteosis del golpe de Estado permanente"? (Jiménez Losantos). ¿Tampoco se podrá decir "que la historia de la derecha española es la apoteosis del golpe de Estado permanente"? (multitud de historiadores). El CAC está obligado a velar por la veracidad de la información (art.7) y por el respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas. Pero la ley añade (art 8): "Estos límites se aplican tanto a los sujetos individuales como a los grupos sociales, dotados o no de personalidad". ¿Qué quiere decir? ¿Los periodistas tenemos que respetar la intimidad y el honor de los grupos sociales? ¿De las Cajas de Ahorro? ¿Del museo Reina Sofía? ¿No se está interpretando de manera muy extensiva derechos que deberían ser individuales?

John Wilson, un gran periodista británico, explicó el enorme riesgo que entrañan legislaciones como esta: "Los periodistas cuestionan temas que mucha gente prefiere que se dejen en paz, amenazan valores que cohesionan una sociedad cuando creen que hay motivos para ello, erosionan el respeto si tienen datos que demuestran que ese respeto está mal emplazado y agitan a las instituciones en las que la sociedad confía para su estabilidad si no cumplen su función". Y si no respetan los datos o si insultan o calumnian a las personas se someten al dictamen de los tribunales y merecen ser sancionados con multas disuasorias. El español tiene una expresión muy clara: "Eso es de juzgado de guardia". Exactamente. Eso, lo que hacen algunos responsables de la Cope, es "de juzgado de guardia". Y es ahí donde debe ser sancionado.

Por lo menos, así me lo aprendí yo.