Una ONG presenta en Chile pruebas para la extradición de Fujimori

Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) difundido ayer en Chile contiene testimonios y evidencias que comprometen al ex presidente peruano Alberto Fujimori en cinco casos de violación de los derechos humanos y corrupción, y que justifican su extradición a Perú. "Existen analogías y similitudes con los casos por los que se procesó en Chile al ex dictador Augusto Pinochet", sostuvo José Miguel Vivanco, de HRW.

Las autoridades peruanas presentarán en los próximos días la solicitud formal para la extradición de Fujimori, quien está detenido en Chile desde su llegada de Japón a Santiago el 6 de noviembre. La Corte Suprema chilena resolverá la petición peruana evaluando la contundencia de las pruebas que se adjunten, y ha requerido que éstas sean suficientes para establecer una presunción fundada e iniciar una acción penal.

Titulado Presunción fundada: pruebas que comprometen a Fujimori, el informe de HRW, de 23 páginas, concluye que hay evidencias más que suficientes para justificar su acusación y procesamiento en Perú, y por tanto su extradición desde Chile. El tratado de extradición firmado en 1932 entre los dos países requiere requisitos como, por ejemplo, que los crímenes por los que se acusa a Fujimori estén tipificados por la legislación chilena y que las eventuales penas sean superiores a un año.

Uno de los casos descritos por el informe es las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, Fujimori y otras 57 personas, entre ellos su ex asesor Vladimiro Montesinos, están acusados de los asesinatos de 25 personas, cometidos por el Grupo Colina, un escuadrón de oficiales militares y de Inteligencia, creado para eliminar a presuntos terroristas. Las pruebas indican que Fujimori conocía la existencia y operaciones de este grupo, pero que no hizo nada para detenerlos ni tomó medidas para castigar los crímenes, "lo cual genera una posible responsabilidad penal".

Declaraciones de varias fuentes también demuestran que Fujimori ordenó interceptar llamadas telefónicas de numerosos dirigentes, políticos y periodistas, y los equipos y el personal encargado de hacerlo fueron pagados con fondos públicos. Incluso instaló un equipo de intercepción en el propio palacio de Gobierno, y cuando el general Gerardo Pérez, jefe de la Casa Militar, ordenó desconectarlo, el propio Fujimori le dio una contraorden para reinstalarlo. El tercer caso es el desvío de millones de dólares de fondos públicos a "fines ilegales, incluidos sobornos y pagos personales a Fujimori y su familia", así como de donaciones realizadas desde Japón a Perú, a través de ONG y cuentas manejadas por Fujimori y su familia.

El informe de HRW incluye otros dos casos de corrupción: la compra de parlamentarios mediante sobornos "para unirse al partido de Fujimori después de las elecciones de 2000". Esos crímenes "violaron los derechos fundamentales de los peruanos, erosionaron el Estado de derecho y corrompieron la democracia", concluye el estudio.