"Las vidas no se compran con dinero", dice un afectado

Satisfecho pero sin tiempo material para sosegar sus pensamientos, Sergio Murillo atendió ayer infinidad de llamadas de los medios de comunicación. "Cuando esté solo en casa, en silencio, meditaré más despacio sobre la trascendencia de esta noticia, la primera noticia positiva que recibimos después de tantos años", indicó.

Al joven arquitecto navarro se le agotó dos veces la batería del móvil respondiendo a las llamadas de los periodistas. Nada más conocer la sentencia, Sergio Murillo, que perdió a sus padres y a sus dos hermanos en la riada, se trasladó al despacho de su abogada, Elena Melero, que le ha asesorado en su decisión de demandar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español por haber impedido el enjuiciamiento penal de las responsabilidades de la catástrofe. Busca, según dice, un pronunciamiento judicial "en defensa del derecho a la vida de mis padres y hermanos y de todas las personas muertas aquel día".

Murillo, de 26 años, considera el pronunciamiento de la Audiencia Nacional "un fuerte empujón moral" a sus argumentos. Pero estima que la sentencia llega tarde y añade que "el derecho a la vida no se puede comprar con dinero".

Demanda contra España

Su abogada, Elena Melero, se puso ayer en contacto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el fin de gestionar la inmediata tramitación de la sentencia de la Audiencia Nacional. Murillo y otros cuatro supervivientes de la catástrofe han presentado ante la Corte de Estrasburgo una demanda contra España por no haber protegido la vida de los 87 fallecidos y haber impedido la celebración de un juicio penal por la catástrofe. La admisión o no de la demanda se conocerá en los primeros meses de 2006.

"La sentencia ratifica nuestros argumentos de que la causa penal no debería haberse archivado, porque había responsables", señaló Murillo. "No vale decir que había una responsabilidad abstracta de la Administración cuando en realidad los que concedieron las licencias y permitieron la instalación tienen nombres y apellidos y responsabilidad personal. Las indemnizaciones no pueden comprar el derecho a la vida. Hay que exigir a los funcionarios que hagan bien su trabajo, que piensen que muchas veces tienen entre sus manos la vida de muchas personas", señaló.

Melero añadió: "En este país debemos empezar a concienciarnos de que las indemnizaciones derivadas de las ilegalidades de la Administración no deben ser pagadas con el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Eso no vale. Los funcionarios no tienen patente de corso o impunidad. Esas conductas deben ser enjuiciadas y reprimidas para depurar las responsabilidades pertinentes".