El IEE recomienda a las empresas que se trasladen a países con costes más bajos

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) recomendó ayer a las empresas españolas que recurran a la deslocalización hacia países con mano de obra más barata, un recurso "inevitable", según este centro, para "garantizar la supervivencia" de la industria a largo plazo. En la presentación del último boletín sobre coyuntura del IEE, un organismo ligado a la patronal CEOE, su director, Juan Iranzo, hizo una defensa del traslado de empresas, que llamó "relocalización", para ser competitivas. Además, el IEE pide que la negociación salarial se ligue a la productividad.

El IEE ha entrado de lleno en el debate del traslado de empresas a países donde la mano de obra barata se convierte en un elemento competitivo. A juicio de este organismo, países como los del Este de Europa pueden ser un "buen complemento" para la viabilidad de las empresas españolas. Como ejemplo señaló que buena parte de las empresas del sector del juguete que han permanecido en la Comunidad Valenciana han quebrado, cuando lo adecuado sería mantener el diseño y la comercialización en la central española y trasladar la base de la producción a países como China, aunque dejando una cadena productiva en España que fabrique los juguetes cuando haya picos de demanda.

Tanto Iranzo como el responsable de Análisis del IEE, Gregorio Izquierdo, defendieron, por otra parte, que la negociación salarial del año que viene no tenga en cuenta, en la subida de los sueldos, la alta tasa de inflación con la que se cerrará 2005, y se base en la productividad de cada empresa o, en cualquier caso, en el objetivo de inflación que marca el Banco Central Europeo (2%). De no ser así, advirtió Izquierdo, "se puede empezar a agotar la capacidad de crecimiento de empleo" en la economía española.

Menor crecimiento

El informe del IEE, que prevé una ligera desaceleración en el crecimiento del producto interior bruto hasta el 3,1% en 2006, también critica los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, que son "inadecuados", según Izquierdo, por su elevado gasto público. A este respecto, Juan Iranzo dijo que la política fiscal es el "único instrumento" que le queda al Gobierno para corregir desequilibrios como el déficit exterior o la inflación, y por ello defendió una "bajada efectiva" de las cotizaciones sociales y del Impuesto de Sociedades. Además, instó al Ejecutivo a que la bajada del tipo del impuesto de sociedades sea efectiva a partir del próximo año, y no gradual en los ejercicios venideros como defiende el Gobierno.

La flexibilización de los mercados fue otra de las medidas defendidas por el IEE que, en cuanto al laboral, aboga por que se generalice la indemnización por despido de 33 días a "todos los contratos". También defiende que se sustituya el contrato por obra y servicio por una "nueva modalidad más flexible" que "responda a las necesidades empresariales" que tiene la actividad en sectores como la construcción.

El IEE también considera que la liberalización de los mercados de bienes y servicios debería extenderse a aquellos que todavía son "restrictivos", en concreto el energético. Así, este instituto estima que se debe impulsar un "cambio" en el modelo por el que el encarecimiento de la energía se traslade a los precios finales, y pide al Gobierno que "no ceda" ante las presiones de los grupos que reclaman compensaciones fiscales al aumento de estos costes.

Otra liberalización defendida es la del suelo, que, en opinión de Iranzo, serviría para "moderar el crecimiento de la vivienda", y consideró que la propuesta de la nueva Ley del Suelo del Gobierno, que contiene la reserva de superficie para viviendas de protección oficial, es "contraria a la lógica".

El director del IEE también reclamó una mejora de la eficiencia en el mercado de alquiler, y calificó de "inadecuada" la creación de las oficinas públicas de alquiler, que, en su opinión, crean "distorsiones en el mercado". Izquierdo también dijo que España se ha convertido en el "principal pagador" de la ampliación europea y advirtió del peligro de fragmentación del mercado por el Estatuto de Cataluña.