El juez del 'caso Gomérez' procesa al número dos de Urbanismo de Granada

El juez instructor del llamado Caso Gomérez ha procesado, por homicidio imprudente y otros delitos, a nueve personas, entre ellas, al coordinador general de Planificación Urbanística y Obras Municipales del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente Sánchez-Palencia. En el caso se depuran las responsabilidades penales por la muerte de un obrero ecuatoriano en una obra en la Cuesta de Gomérez ocurrido el 21 de diciembre.

En el accidente murió sepultado por un muro que se derrumbó, Guillermo Estalin, de 29 años, un albañil contratado irregularmente cuando trabajaba en una demolición que fue asumida por el Ayuntamiento después de que el propietario del edificio se negara a ejecutar la orden de derribo por estar en ruina.

La obra fue encargada a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, que subcontrató los trabajos de demolición a Hermanos Rodríguez, que, a su vez, los delegó en la empresa Alsa, para la que trabajaba el fallecido. Tras un año de instrucción, el juez de Instrucción 6 de Granada, Miguel Angel del Arco, ha emitido un auto, con fecha 13 de diciembre, en el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, como paso previo a la apertura de juicio. En el auto, el juez imputa una falta de lesiones por imprudencia y los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad del trabajo por infracción de la normativa en prevención de riesgos laborales, contra los derechos de los trabajadores abusando de su situación de necesidad y contra los delitos de los trabajadores por emplear súbditos extranjeros sin permiso de trabajo. Además de a Lorente, el juez procesa a Alfonso S.S., de Alsa; Lucía D.M., de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada; María Paz G.G., encargada de la prevención de riesgos; Sergio y Mario R.C., de Construcciones Hermanos Rodríguez; Francisco Javier P.G., empresario ficticio que materialmente ejecutaba la obra; Jacobo R.H., jefe de servicio de Arquitectura del Área de Obras Municipales; y Antonio Jorge M.M., arquitecto municipal. El juez estima que las diligencias practicadas "evidencian que existen motivos para atribuir su perpetuación a los imputados". Además hace referencia a un informe policial en el que se señala que a simple vista se pudo observar que en el lugar del suceso "no había materiales de seguridad y apuntalamiento necesarios para ese tipo de demoliciones".

El 13 de abril de 2004, el Área de Planificación Urbanística y Obras de Granada ordenó que se procediera, con cargo al propietario, a la demolición del inmueble "disponiéndose los apuntalamientos previos necesarios". La obra fue adjudicada por 38.007 euros a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, que subcontrató por 36.060 a Construcciones Hermanos Rodríguez, quien a su vez pagó 5.500 euros a cuenta de la demolición a Construcciones Alsa.