La promesa electoral de Esperanza Aguirre

Cuando en otoño de 2003 la candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre lanzó en un debate televisivo, en plena campaña electoral, la promesa de reducir la lista de espera quirúrgica a 30 días, no podía sospechar ni ella ni, por supuesto, los ciudadanos/as de esta comunidad el desgaste que iba a provocar en la medicina hospitalaria.

Desde el principio fue una promesa difícil de cumplir sin modificar los criterios de inclusión en la lista de espera, y que obligaba a utilizar la mayoría de los esfuerzos económicos y administrativos a gestionar e intentar resolver la famosa "promesa" en detrimento de otras listas de espera menos espectaculares pero de gran trascendencia clínica, como son las esperas para consultas de médicos especialistas y para la realización de pruebas diagnósticas.

La famosa promesa obligó a usar la mayoría de los recursos, en detrimento de otras listas de espera

La promesa electoral, probablemente poco meditada, incidió en el precario equilibrio de los hospitales públicos madrileños que vivían en su conjunto una época de crisis, con un sistema remunerativo escaso, lineal, la situación crónica de la atención continuada -guardias que complementan el sueldo pero obligan a un número de horas semanales excesivo...-. En fin, una estructura funcionarial sin incentivos y con la promesa de una carrera profesional sin concretar.

En este contexto profesional, la promesa electoral provoca una discriminación positiva de los servicios quirúrgicos, en detrimento del resto de la actividad médica, las famosas peonadas quirúrgicas se apoderan de las tardes hospitalarias y la rentabilidad por hora trabajada se multiplica por cuatro o cinco. Con ello se instaura un sistema perverso: si aplicas recursos para la cirugía, aumentan las indicaciones y generas una sociedad de consumo quirúrgico. Debemos en este punto recordar que la cirugía es una forma de tratar, pero que habitualmente, ante una indicación quirúrgica concreta, existen otros enfoques terapéuticos tan válidos como la cirugía en la mayoría de las especialidades consideradas quirúrgicas.

Un mioma sintomático se puede tratar de varias maneras, en ocasiones responde a tratamiento médico, a veces una embolización de las arterias uterinas que disminuye el riego sanguíneo y el tamaño del mioma es una buena opción y, en otras, la cirugía es la terapéutica indicada. Una obesidad importante mórbida se puede enfocar con un cambio en los hábitos de vida y alimentación bajo la supervisión del especialista en nutrición, o abordar el problema con cirugía de la obesidad.

Estas consideraciones pretenden abundar sobre las diferentes formas que hay de abordar una situación clínica. Pero si los recursos y los beneficios se dirigen hacia la actividad quirúrgica, realizaremos una discriminación positiva y perversa de esta forma de tratar y perjudicaremos a los médicos especialistas que no utilizan la cirugía en el día a día de su actividad clínica.

El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, conocido por el manejo del conflicto del hospital Severo Ochoa, que ha supuesto durante este año la crisis más grave en la historia de la sanidad pública, ha detectado y recibido puntualmente el aumento de la espera en consultas y pruebas diagnósticas, pero no tocaba incrementar recursos para mejorarlas porque estratégicamente no le beneficiaba: aumentar las consultas y las pruebas diagnósticas incrementa la lista de espera quirúrgica de manera directa. Esta actitud de la Consejería de Sanidad vacía de contenido la promesa electoral de Esperanza Aguirre en relación con las ventajas en salud pública.

El sistema ofrece con manipulaciones contables una mejora en la espera quirúrgica de cirugías en patología benigna, pero retrasa el diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades como consecuencia del incremento en la lista de espera en consultas y pruebas diagnósticas. Por ello, su famosa promesa electoral ha puesto a los profesionales de los hospitales madrileños en una situación difícil, y probablemente ha tenido en el concepto global del diagnóstico precoz de una enfermedad sintomática grave un efecto negativo sobre la salud de la población.

A modo de ejemplo, el beneficio que supone operar una ligadura de trompas o un hallux valgus (juanete) en menos de 30 días no es comparable con el perjuicio provocado en el retraso del diagnóstico de enfermedades con entidad clínica, que necesariamente se producen cuando las consultas del médico especialista se demoran varios meses.

Algunos datos del hospital Severo Ochoa (HSO) en los servicios de rehabilitación, cardiología, neumología, oftalmología, traumatología y ginecología:

De manera global para ellos, en octubre de 2003 existía una lista de espera para primera consulta de 4.210 pacientes; en los mismos servicios, en octubre de 2005 encontramos 5.712 pacientes, lo que supone un 35% de incremento. Existe una circunstancia favorable en relación con HSO: en mayo de 2004 se produce la apertura del hospital de Fuenlabrada, que descarga al HSO de la mitad de su población asistencial y debería haber descongestionado las consultas externas del hospital. Estos datos son una pequeña muestra de lo que ha pasado durante estos dos años en Madrid.

Los responsables políticos deben plantear políticas sanitarias razonables en un sistema de recursos limitados, deben asumir que, si ofrecen asistencia universal, deben priorizar las prestaciones en función del beneficio global de la salud pública. En este sentido, el compromiso de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, que limita la espera a 90 días en procesos quirúrgicos, 15 días en consultas y 7 días en pruebas diagnósticas, es razonablemente ambicioso, y por ello es un reto difícil, pero quizá es un enfoque que las autoridades sanitarias de Madrid deberían estudiar con atención para el futuro. Estoy convencido de que en esta línea de trabajo de Castilla-La Mancha los trabajadores sanitarios de Madrid se encontrarían más cómodos, porque las coincidencias de fondo permiten desarrollar proyectos comunes en sanidad pública.

Hace unas semanas la señora Aguirre prometió la realización de mamografías en un tiempo máximo de 45 días. Me gustaría recordarle que la realización de mamografías está protocolizada como ocurre en el hospital Severo Ochoa, con el consenso de los servicios implicados: ginecología, cirugía, anatomía patológica, oncología y radiodiagnóstico, y que existen varias indicaciones de mamografía: la de indicación médica por sintomatología, que se resuelve con carácter urgente en menos de siete días; las mamografías de control, donde los tiempos están prefijados por radiodiagnóstico y citados en las fechas determinadas, y las mamografías que se realizan en las campañas de detección precoz del cáncer de mama, que abarca de los 50 a los 65 años y que se realizan con una periodicidad de dos años.

Las mamografías de indicación médica por sintomatología se resuelven con protocolos de diagnóstico en patología mamaria consensuados en las diferentes áreas asistenciales de la Comunidad de Madrid. Cuando existen, los tiempos de espera no deben superar los siete días, y seguro que es más operativo este camino que prometer 45 días de espera máxima y relajar las indicaciones.

Señora Aguirre, muchos profesionales de los hospitales madrileños tenemos la sensación de que se ha producido en estos últimos dos años un deterioro global de la sanidad hospitalaria, y que una medida de reducción de las listas de espera ha desestabilizado nuestro precario sistema, provocando retrasos injustificables en el diagnóstico. Desde esta tribuna, yo personalmente le pido que, si va a realizar promesas, previamente se asesore, las medite, deje al lado otras rentabilidades y las aplique si las considera eficaces para mejorar la salud global de los ciudadanos/as.

Javier Martínez Salmeán es jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital Severo Ochoa, y presidente de la sección de Endoscopia de la SEGO.