Bush admite que ordenó espiar a sus ciudadanos

George W. Bush no sólo admitió ayer que autorizó el control de las comunicaciones con el extranjero sin mandato judicial, sino que anunció que lo seguirá haciendo "porque es vital para la seguridad nacional". La revelación de que una orden presidencial sirvió para fiscalizar las llamadas telefónicas y el correo electrónico de varios cientos, quizá miles, de estadounidenses y extranjeros contribuyó a que el Senado bloqueara la prórroga de la Ley Patriótica, que expirará el 31 de diciembre si los senadores no aprueban el nuevo texto.

Ocho senadores demócratas citaron el espionaje ordenado por Bush como una razón para no renovar la ley, y cuatro republicanos se sumaron al filibusterismo que impidió la votación. En términos ásperos, Bush lo calificó de "decisión irresponsable que pone en peligro las vidas de los ciudadanos" y dijo: "En la guerra contra el terror, no podemos permitirnos el lujo de estar sin esta ley ni por un segundo". "La autorización

es una herramienta vital en la guerra contra el terrorismo", justificó el presidente. "Es fundamental para salvar vidas americanas. Los estadounidenses esperan de mí que haga lo posible, dentro de las leyes y la Constitución, para protegerles y proteger sus libertades, y eso es exactamente lo que voy a continuar haciendo mientras siga siendo presidente de Estados Unidos". Un Bush crispado hizo estas afirmaciones desde el salón Roosevelt de la Casa Blanca en su discurso de los sábados, ayer en directo y de ocho minutos, dos factores poco habituales.

El presidente amplió la información sobre la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y dijo que el programa se revisa cada 45 días y que él ha renovado "en más de 30 ocasiones" la orden. Afirmó que se usa "sólo para interceptar comunicaciones internacionales de gente en EE UU de la que se sospecha que pueden tener claros vínculos con Al Qaeda u otras organizaciones terroristas", y que ha sido útil para "detectar y evitar atentados en EE UU y en el exterior". "Las actividades que autoricé facilitarán la localización de asesinos como los secuestradores del 11-S", dijo, y aseguró que no hay conflicto con la legalidad.

La Casa Blanca considera que el artículo 2 de la Constitución, que establece los poderes ejecutivos del presidente y su autoridad como comandante en jefe, justifica las medidas extraordinarias adaptadas tras el 11-S. Tres días después, el Congreso aprobó una resolución en la que se autorizaba al presidente a utilizar "toda la fuerza apropiada y necesaria" para perseguir a los responsables de los atentados y tratar de evitar nuevos ataques. Pero supuestamente para eso está la Ley Patriótica que reforzó los poderes de la policía para intervenir comunicaciones.

Por esa razón, congresistas de ambos partidos han solicitado la apertura de investigaciones para determinar si la orden ejecutiva es legal y si el Gobierno, al amparo de la guerra contra el terrorismo, ha llevado demasiado lejos sus prerrogativas. La NSA no puede, por ley, llevar a cabo tareas de espionaje en EE UU y sobre estadounidenses, salvo que consiga un permiso especial que otorga el Tribunal de la Ley de Vigilancia de Espionaje Extranjero. Bush afirmó ayer que los dirigentes del Congreso habían recibido información "en más de una docena de ocasiones" sobre el programa de las escuchas, y calificó de "ilegal" y perjudicial para la seguridad nacional la filtración de la información a la prensa. "Ahora, nuestros enemigos tienen una información que no deberían tener".

La semana ha sido particularmente dura para el presidente, especialmente la filtración y el bloqueo en el Senado de la prórroga de la Ley Patriótica y la negociación sobre la prohibición de la tortura. Todo ello contribuyó a difuminar las elecciones iraquíes. Bush dirigirá esta noche un mensaje solemne al país en el que abordará estos asuntos y reiterará la importancia de la democratización de Irak para el repliegue de las tropas y la seguridad de EE UU.