Puntualizaciones al alcalde de A Coruña

En la edición impresa del 14-12-05 leo con asombro unas puntualizaciones al editorial de EL PAÍS Escándalo en la costa, del alcalde de A Coruña, a cuya corporación pertenezco, en las que vierte unas afirmaciones absolutamente falsas que me veo obligado, en aras de la verdad, a puntualizar yo a mi vez.

No es cierto que se haya firmado por parte del Ayuntamiento de A Coruña y la Autoridad Portuaria con los ministerios de Vivienda y Fomento un convenio para una operación urbanística en terrenos del actual dominio público portuario destinada "íntegramente a viviendas de protección oficial".

El señor Vázquez había firmado con el anterior ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, un convenio en el que se estipulaba un 20% de viviendas de protección (el mínimo obligatorio por la legislación del suelo de Galicia). Éste fue modificado a instancia de las nuevas titulares de los ministerios, señoras Álvarez y Trujillo, tras el 11-M, en el sentido de incluir un 40% de viviendas sometidas a algún tipo de protección y, por tanto, un 60% de viviendas de precio libre. Por cierto, este segundo convenio está sin perfeccionar porque no ha sido votado en el pleno del Ayuntamiento.

Es lamentable que nuestro alcalde tenga que salir a mentir a medios de comunicación para intentar confundir a la opinión pública sobre algo que es claramente meridiano: que pretende recalificar 40 hectáreas de suelo de dominio público portuario para un pelotazo urbanístico de primer orden, similar al que se acaba de producir en los solares de la antigua Fábrica de Tabacos, donde los pisos de venta libre están ya a 9.000 euros el metro cuadrado.

Es lamentable que la "disculpa" para esta operación sea la necesidad de financiación para el Puerto Exterior de A Coruña, infraestructura con la que todos estamos de acuerdo, pero no a costa de especular con los suelos del centro urbano que ocupa el actual puerto, como sabrán quienes conozcan nuestra ciudad, sino con fondos del Estado y de la Unión Europea. No tiene ningún sentido que una ciudad tenga que "pagarse" una instalación portuaria de interés general vendiendo sus propios suelos de dominio público. Esto es lo que está propugnando nuestro alcalde.