Derechos humanos y derechos sociales

Nos encontramos en el marco de una sociedad determinada por una dualidad inconcebible, configurada de un lado por un lucido escaparate de reconocimiento de derechos, y de otro, por un recorte abrumador en derechos sociales. Así, durante este año hemos asistido a un escandaloso descenso de las partidas presupuestarias destinadas a desarrollar acciones en favor de los colectivos con especiales dificultades, (toxicómanos, personas en riesgo o situación de exclusión social, discapacitados...) mermándose de esta manera el ejercicio de derechos ya existentes y dicentes de universalidad, marcando un retroceso en materia de formación, empleo y vivienda como pilares básicos para eliminar la exclusión social.

Con todo ello, seguimos constatando que en Córdoba los niveles de exclusión social se perpetúan afectando al 3,1% de la población, que durante 2005 las ayudas oficiales para el acceso a la vivienda protegida han descendido estrepitosamente en un 95%, que las acciones de formación y empleo para menores de 25 años con especiales dificultadas aparecen con cuentagotas, que las cifras de personas presas aumentan sin cota, ahogando cualquier perspectiva de reinserción y que la prisión de Córdoba es el centro penitenciario en el que ha habido más muertes.

Junto a lo anterior, otro de los rostros más vulnerables de nuestra ciudad es el de las mujeres que ejercen la prostitución callejera, en concreto las de la zona del Arenal. Mayoritariamente de procedencia subsahariana y con un desconocimiento absoluto de los recursos sociales existentes, viven al margen de cualquier atención sanitaria, laboral o social. Margen en el que siguen todo ese cúmulo de familias rumanas que conviven desde hace casi tres años con nosotros y que siguen sin tener a fecha de hoy, pese a los anuncios que nos alegran de destinar unos terrenos en Tejavana para la puesta en marcha de un dispositivo de acogida inmediata, un programa específico para ellos.

Finalmente, en el último cuatrimestre de 2005 el drama de la inmigración procedente de África, acentuada con la barbarie humana de las vallas de Ceuta y Melilla, se ha convertido en el sector que más riesgo efectivo de violaciones de derechos fundamentales han padecido.

Cerramos el año recordando que Córdoba se ha caracterizado históricamente por ser una ciudad integradora, tolerante y de acogida. Adjetivos que nos enorgullecen y de cuya pervivencia debemos hacernos responsables todos. En los últimos meses, ha sido constante la aparición de voces de algunos vecinos en contra de la construcción de edificios o centros destinados a atender determinadas necesidades sociales (pisos de acogida, albergues, centros de servicios sociales o de toxicómanos). Actitudes de insolidaridad y con un solapado tinte racista o excluyente que deben ser rechazadas de raíz por la ciudadanía, una ciudadanía responsable.