ERC, ICV y CiU rechazan el plan de Solbes sobre financiación

Sólo el Partit dels Socialistes (PSC) aplaudió ayer las últimas propuestas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica del vicepresidente económico, Pedro Solbes. El consejero catalán de Economía, Antoni Castells, aseguró que existen "terrenos importantes de coincidencia" y "magníficas perspectivas para alcanzar un acuerdo". En cambio, Esquerra (ERC), Iniciativa (ICV) y Convergència i Unió (CiU) opinaron que "es más de lo mismo".

"La propuesta del vicepresidente Solbes no nos vale, es más de lo mismo. Hablamos lenguajes distintos", afirmó el secretario general de Esquerra, Joan Puigcercós. "No podemos admitir una propuesta que lo deje todo igual", añadió Joan Saura, líder de Iniciativa. "Si nos tenemos que fiar de lo que dicen los medios de comunicación, queda muy lejos de la propuesta de Cataluña", remachó el presidente de CiU, Artur Mas.

El Gobierno planteará en los próximos días a los partidos catalanes que apoyaron el Estatuto una modificación del sistema que otorgue a las autonomías más capacidad normativa sobre determinados impuestos y compense a las comunidades más perjudicadas (Madrid, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana) con mayores ingresos. El nuevo modelo será generalizable a todas las regiones.

Castells, que pronunció en Bilbao una conferencia en el Colegio Vasco de Economistas, indicó que existen "terrenos importantes de coincidencia" con las propuestas que ha planteado Solbes. Y en un tono conciliador, reconoció que hay "magníficas perspectivas" para alcanzar un "buen modelo de financiación" para Cataluña que, además, pueda ser "generalizable" para el resto de las autonomías.

En un encuentro con periodistas, el consejero socialista apuntó que existe un "amplio entendimiento" con el Gobierno central sobre la definición de unas bases del modelo de financiación en el que exista una mayor capacidad normativa (tanto en IRPF como en el impuesto de Sociedades), más participación en los rendimientos de los impuestos estatales y garantías de solidaridad, igualdad y cohesión entre todas las autonomías. Un modelo federal inspirado en los sistemas alemán y canadiense.

Castells precisó que el Estatuto, tras su paso por el Congreso, no debería tener un título de Hacienda tan concreto que cerrase el modelo de financiación, pero tampoco quedarse en principios generales que al final fueran "insuficientes" para garantizar la autonomía fiscal y financiera.

En cambio, para Puigcercós "más corresponsabilidad y más porcentaje de participación en la cesta de impuestos son una mejoría, pero supone más de lo mismo". El secretario general de ERC manifestó que Cataluña no reclama "más dinero, sino un sistema justo que evite arbitrariedades". E instó al Gobierno a concretar las modificaciones que quiere introducir en el nuevo Estatuto.

El convergente Artur Mas se mostró dispuesto a la negociación porque la "puerta", dijo, "todavía está abierta", en el sentido de que su grupo desconoce las intenciones del Gobierno. "No queremos quitar nada a los demás ni que se nos quite a nosotros, seremos flexibles, pero no nos tragaremos cualquier cosa, y por eso el pedimos al PSOE que presente un sistema de financiación que se parezca al que presentamos", insistió.

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod, se refirió al nuevo Estatuto y lamentó que los dirigentes del PSOE "estén acojonados" por la presión mediática del PP y al comprobar que el "anticatalanismo" sigue siendo uno de los "ingredientes de la política española". "El PSOE está asediado mediáticamente, con una estructura de medios de comunicación que crea un ambiente irrespirable", dijo.

Reforma constitucional

El PP, por su parte, registró ayer en el Congreso la solicitud de comparecencia de 32 personas en la Comisión Constitucional del Congreso para que opinen sobre la propuesta de reforma, informa Pilar Marcos. Eduardo Zaplana, portavoz en el Congreso, justificó esta petición porque el proyecto catalán supone "una reforma de la Constitución por la puerta de atrás". Así, entre los 32 expertos están todos los ponentes de la Constitución española de 1978 a excepción de Gregorio Peces-Barba, porque ahora es "secretario de Estado del Gobierno" y, por tanto, podría ver condicionada su opinión a ese cargo.

El PP también solicita la comparecencia de los secretarios generales de UGT y CC OO, y de la CEOE; del presidente del Consejo Superior de Cámaras, de la Confederación de Cajas de Ahorro y del gobernador del Banco de España. El objetivo es preguntarles por la hipotética ruptura de la unidad de mercado que, según los populares, provoca el proyecto.