Los límites de la propuesta de Mas

No hay duda de que el reciente discurso de Artur Mas (Catalunya sense límits, Palacio de Congresos de Barcelona, 21 de noviembre de 2005) no debería pasar inadvertido. Forma parte de una estrategia de renovación de la posición de Convergència Democràtica de Catalunya en el panorama político. El esfuerzo es significativo. Es un discurso desde la oposición, y ello conviene destacarlo dadas las dificultades de quien sintiéndose ganador de unas elecciones que se daban por perdidas de antemano y tras 23 años de ejercicio de gobierno, tiene que asumir el necesario cambio de perfil. Pero, al mismo tiempo, se trata de un planteamiento que se hace cargado con la excepcional mochila de esa larga experiencia de gobierno. Por tanto, es un discurso que no se hace desde la periferia del poder, sino desde una posición de poder. No es fácil ser oposición y poder al mismo tiempo. El Partido Popular trata de hacerlo, y cuenta para ello con sólidas posiciones y lazos con quienes gobiernan económica y mediáticamente. Pero el estilo es vengativo y simplificador. Barriobajero y obsoleto. El planteamiento de Artur Mas parece situarse un par de pasos más allá. Oposición, pero sentido institucional. Poder y entramados de intereses, pero conciencia de que no se quieren algarabías que generen un exceso de ruido que no conviene a la buena marcha de los que aprovechan bien la coyuntura económica, como recordó esta misma semana el presidente del Fomento de Trabajo Nacional coincidiendo (¿curiosamente?) con el líder convergente.

Los límites de la propuesta de Mas surgen cuando se concreta. Aparentemente, la propuesta trata de acercarse a una versión de la socialdemocracia europea más liberal, menos intervencionista, más propia del momento individualizador que vivimos. La tercera vía de Blair o las innovaciones introducidas por una parte de la socialdemocracia nórdica (revisitando la vía sueca del Pujol de hace muchos años) son citas explícitas con las que Mas sazonó su discurso. Si dejamos de lado los aspectos más continuistas de las palabras de Mas, por fuerza hemos de acabar hablando de sus propuestas de reforma de los servicios públicos. Una propuesta de reforma que se centra en el "derecho a escoger", como concreción esencial de la libertad individual. Su apuesta es valiente: "El derecho a escoger ha de impregnar prestaciones y derechos tan fundamentales como la educación, la salud, la asistencia social y las ayudas a las familias". A juicio de Mas, esa es la línea moderna de los gobiernos socialdemócratas europeos con mejores éxitos: Reino Unido y Suecia. Los demás serían países anclados en los parámetros de bienestar de hace 50 años. El modelo en el que se basa Mas está meridianamente expresado: "Si la gente en todas sus pautas de consumo y de inversión puede escoger entre opciones diferentes, ¿por qué no ha de poder hacerlo en los servicios públicos...?". "Lo que quiere la gente son servicios de calidad, y le es bastante indiferente quién presta estos servicios". Discutir de público y privado, en opinión del líder convergente, es debatir desde apriorismos ideológicos.

Pues dejemos a un lado las ideologías (¿será ello posible?) y discutamos de sus propuestas y de lo que ocurre en los sitios donde se han aplicado esas medidas. Artur Mas afirma: "La Administración aporta el dinero (y) la familia escoge la escuela sin más limitaciones que la oferta y los servicios disponibles". "Ese derecho a escoger es socialmente justo y éticamente obligado", ya que ello permite (Mas dixit) que no sólo puedan escoger los ricos, sino todos. La generalización de la elección generará competencia, y la competencia racionaliza recursos y mejora la calidad de los servicios. ¿Problemas? Nada que temer. Mas opina que un buen control público evitará problemas. Todo serán ventajas.

Desde mi punto de vista, la cosa no ha ido exactamente así donde se ha implantado ese sistema. En Suecia, después de los muchos años transcurridos desde la implantación por parte de un gobierno conservador-liberal del cheque escolar, y tras el mantenimiento del mismo por parte de los sucesivos gobiernos socialdemócratas, se ha pasado del 100% de escuela pública a una proporción del 94% de escuela pública y el 6% de escuela privada subvencionada vía cheque escolar sin que en ningún caso sea posible el llamado efecto topped out; es decir, que el cheque pueda ser complementado con otros recursos procedentes de la familia (¿les suena de algo?). Los estudios realizados sobre los efectos de la aplicación en Suecia, en Chile, en Reino Unido (vía los llamados pasaportes) o en Milwaukee coinciden en que no hay resultados que indiquen de manera taxativa una mejora de la calidad educativa, y en cambio se mencionan importantes problemas. Uno de los más conocidos es el cream skimming, por el cual las escuelas privadas usan el sistema para seleccionar a los alumnos que prefieren (la crema), dejando a los alumnos más difíciles o caros fuera de sus centros, usando diversas estrategias (prematriculación, explicitando en exceso sus opciones religiosas...). Por otro lado, hay una notable unanimidad en destacar que las opciones de elegir dependen sobremanera de la información disponible previamente, de la formación de la familia, de la importancia o del tiempo que dedica a la educación de sus hijos, y todo ello fuertemente relacionado con los niveles de renta. De tal manera que acaban reforzándose las desigualdades de partida de familias y territorios. Es evidente que no acaba de ser cierto que todos actúen en relación con los servicios públicos siguiendo "lo que hacen en su consumo e inversión", como afirma Mas. De hecho, son bastantes los que en España (o así lo indican el Instituto Nacional de Estadística o la Fundación Jaume Bofill en sus estudios sobre la distribución de la renta) no pueden escoger en sus pautas de consumo y mucho menos pueden decidir qué y dónde invierten, cuando su problema real es llegar a final de mes. La prudencia que Mas manifiesta en el campo de la sanidad, campo en el que posterga su receta mágica de cheques, debería aplicarla al conjunto de sus reflexiones para evitar que de la valentía pase a la temeridad. Todo ello no implica que no deban reformarse la gestión y la prestación de los servicios públicos en Cataluña, en una línea más descentralizadora y de implicación ciudadana. Pero, atención con los experimentos que acaben fortaleciendo y reforzando las pautas de segmentación y división social que, de manera menos explícita, nos legaron los años de gobierno de CiU.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.