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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La conversación

La grabación que Izquierda Unida (IU) ha entregado a la juez de Corcubión, que investiga la catástrofe del Prestige, revela que la decisión de alejar el buque fue tomada en los primeros momentos tras detectarse la avería que acabaría hundiendo el barco y sin asesoramiento técnico alguno. El dato podría tener trascendencia judicial en los dos procedimientos abiertos (uno de ellos en Estados Unidos) y, por tanto, también en las indemnizaciones reclamadas. Más discutible es que tales revelaciones justifiquen las comparecencias parlamentarias de Rajoy y Álvarez Cascos, entonces vicepresidente y ministro de Fomento, que ha pedido Izquierda Unida.

La idea de que había que alejar el barco de la costa fue intuitivamente compartida por muchas personas sin conocimientos técnicos. Los estudios existentes recomendaban sin embargo todo lo contrario, según indicaron los expertos y confirmó la realidad. La "consigna" de alejar el barco "hasta que se hunda", transmitida por el entonces director general de la marina mercante, José Luis López Sors, fue la peor de las soluciones, porque sólo sirvió para extender el daño a un área mucho mayor y para dificultar la recuperación del fuel: no es lo mismo hacerlo a 60 metros de profundidad que a 1.800. El reproche a los que intervinieron en la decisión no es sólo de ignorancia, sino de intentar esquivar responsabilidades incómodas como la de decidir hacia qué puerto debía conducirse el barco, a despecho de las reacciones previsibles de la opinión pública más directamente afectada. Y de ocultación sobre el momento y las circunstancias -con asesoramiento técnico o no- en que se tomó la decisión.

Todo ello deberá ser sopesado, con otras pruebas o indicios, en el procedimiento judicial. El ex director general de la marina mercante ya asumió la plena responsabilidad de la decisión ante el juzgado, por lo que, sin nuevos datos, no tiene sentido extenderla hacia arriba. Otra cosa serían las responsabilidades políticas, en particular las del entonces ministro de Fomento. En el caso de Rajoy su nombramiento como coordinador de todas las operaciones relacionadas con el asunto fue posterior al hundimiento del barco, por lo que tales responsabilidades sólo podrían referirse a su papel como vicepresidente. Pero entonces, ¿por qué Rajoy y no Aznar? El hecho de que el primero sea hoy el jefe de la oposición no podría ser un argumento. Y en todo caso, es un criterio generalmente admitido que las eventuales responsabilidades políticas fueron solventadas en las elecciones que perdió el PP. Insistir por esa vía tres años después, resucitando la subcomisión parlamentaria constituida en su día, resulta hoy bastante artificioso.

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