La UE costeará un sistema de vigilancia de la inmigración en el Mediterráneo

Los problemas derivados de la inmigración ilegal y la integración en la Unión Europea de las personas procedentes de otros países serán objeto de una atención especial en la próxima cumbre europea que se celebrará en Bruselas los próximos días 15 y 16. La UE dedicará más de 800 millones a ese capítulo, promovido por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Con fondos de esa partida se ampliará a toda la costa mediterránea el sistema de vigilancia que hoy existe en el estrecho de Gibraltar, y habrá un capítulo dedicado a la integración de inmigrantes.

Los recientes conflictos de Ceuta, Melilla y los registrados en varias ciudades francesas han acentuado la sensibilización de varios líderes europeos sobre el tema. Zapatero ya había planteado en octubre la necesidad de dedicar esfuerzos económicos especiales de la UE a este problema. Lo transmitió al primer ministro británico y actual presidente de la UE, Tony Blair, así como a la canciller alemana, Angela Merkel, y al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. Ahora los Veinticinco se proponen fijar fondos específicos.

Las medidas en materia de inmigración pretenden "reducir los flujos clandestinos de movimientos de personas, la pérdida de vidas humanas y facilitar el retorno de inmigrantes irregulares", se indica en un documento preparado para la cumbre.

Un primer paquete, de unos 400 millones de euros, se destinará a la lucha contra la inmigración clandestina y a potenciar el diálogo entre Europa y los países de tránsito y origen. Parte de ese dinero se usará para lograr una mayor vigilancia de las costas mediterráneas con patrullas costeras, pero, sobre todo, para ampliar a todo el Mediterráneo el Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), hoy instalado en el Estrecho de Gibraltar y desarrollado con tecnología española con una red de radar. También se prevé la creación de equipos de intervención rápida, constituidos por expertos nacionales, capaces de proporcionar una asistencia operacional de los periodos de gran afluencia de inmigrantes. Igualmente está previsto proporcionar ayudas y asistencia técnica tanto a los países de origen como a los de tránsito para la repatriación de inmigrantes.

Un segundo paquete, también de unos 350 o 400 millones, se destinará a paliar las causas profundas de la inmigración, estimulando el crecimiento económico de los países más afectados.

Una tercera línea persigue desarrollar de integración de los inmigrantes en la UE. Esta iniciativa del Gobierno español, todavía pendiente de cuantificar, ha encontrado cierta resistencia en países reacios a compartir sus políticas nacionales de integración.

La propuesta de dedicar especial atención a la inmigración fue destacada también el pasado lunes por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en una carta dirigida a Tony Blair, en la que señaló la necesidad de dedicar "parte de los recursos de nuestras importantes políticas externas, incluyendo una participación fija de nuestra política de vecindad, dirigida directamente a la inmigración en las fronteras europeas".

Algunas de estas medidas se acordaron en el consejo de ministros de Exteriores del pasado lunes en Bruselas y su financiación deberá incluirse en las Perspectivas Financieras 2007-2013 (el marco presupuestario de la Unión) que los Veinticinco intentarán aprobar en la cumbre.

El Reino Unido presentará hoy una nueva propuesta para intentar desatascar las negociaciones presupuestarias, bloqueadas por la negativa de Londres a aportar más a fondos a la Unión y el rechazo de Francia, Italia, España e Irlanda a revisar la Política Agraria Común. El dinero dedicado a inmigración servirá también para que España lime parte de la fuerte pérdida de ayudas europeas que sufrirá en los próximos años.