Arenas insiste en que su partido recurrirá al Constitucional la ley del Suelo por intervencionista

La Junta recuerda al PP que pactó con Gil en 1995 para presidir la Diputación malagueña

El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, insistió ayer que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, que entró en vigor el pasado lunes y que contempla la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella. Arenas aludió a dos razones para recurrir la normativa: "La falta de respeto a la autonomía local y por el concepto absolutamente intervencionista que tiene esa norma, contrario a la confianza que otorga el mercado en la regulación de la oferta y la demanda".

Pero esta no es la única iniciativa que tienen previsto adoptar los populares. Arenas avanzó también que el PP presentará el jueves en la sesión del Parlamento andaluz una propuesta "formal" para que se disuelva el Ayuntamiento de Marbella y se convoquen nuevas elecciones municipales. Aseguró que la Junta de Andalucía no ha intervenido anteriormente en Marbella "por consideraciones políticas y partidistas", y consideró que el presidente andaluz, Manuel Chaves, ha provocado "perjuicios" al municipio con el efecto "muy negativo" de su anuncio de retirada de competencias urbanísticas.

"No se puede pretender mandar en urbanismo sin ganar unas elecciones", señaló Arenas, quien tachó de "sarcasmo" que se deje en manos del Ayuntamiento de Marbella las competencias en materia de disciplina urbanística y las licencias. También justificó que su partido no apoyase la disolución del consistorio en el año 2003, tras la moción de censura contra Julián Muñoz, porque, señaló, "se acababan de celebrar unas elecciones y no se podía atribuir en términos jurídicos" al equipo de gobierno de Marisol Yagüe "las barbaridades" anteriores. "Hoy es posible porque hay multitud de argumentos contra el actual equipo de gobierno", añadió el presidente popular.

Arenas criticó también las sucesivas modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) desde el año 2002, y aseguró que existe una crisis de confianza entre empresarios e inversores andaluces por la falta de unas reglas del juego fiables y los cambios constantes. En este sentido, reclamó al presidente del gobierno andaluz, Manuel Chaves, "un marco jurídico estable" para el desenvolvimiento de las inversiones, y enumeró tres aspectos que a su juicio suponen el "fracaso" de la política autonómica: "Las competencias de ordenación del territorio, las modificaciones de la LOUA y la posible utilización discrecional y arbitraria de las competencias en nuestra autonomía".

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, pidió al PP que "en vez de instalarse en el insulto y la descalificación", y criticar a la Junta de Andalucía "trabaje por el futuro de Marbella". Marcos reprochó además a los populares que no se hayan preocupado por el municipio durante los ocho años que estuvieron en el Gobierno central. "Es sintomático que ahora el Partido Popular quiera acusar a la Junta de Andalucía de todos los males de Marbella, cuando los culpables tienen nombres y apellidos", añadió Marcos en un comunicado.

Recordó que el PP pactó con Gil y Gil para conseguir la presidencia de la diputación de Málaga en 1995; tres años después apoyó al ex alcalde de Marbella en la comisión provincial de Urbanismo para que se aprobase la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio; y ese mismo año se vio obligado a cambiar a su portavoz de Marbella por las denuncias de militantes sobre una supuesta colaboración con Jesús Gil. También censuró que recientemente el Partido Popular se haya sumado en un pleno a la alcaldesa, Marisol Yagüe, para pedir explicaciones por la retirada de las competencias urbanísticas.

El Gobierno andaluz "ha sido el único que se ha opuesto con firmeza a la política urbanística del ex alcalde de Marbella, denunciando en los tribunales las licencias municipales".

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