La Junta inicia los trámites para retirar a Marbella las competencias de urbanismo

La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha dado por iniciados los trámites para rescatar las competencias de planificación urbanística al Ayuntamiento de Marbella con la entrada en vigor, ayer, de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo. Antes de dar traslado de la medida al Consistorio para que realice sus alegaciones, la Junta recopilará toda la información de los "graves incumplimientos" del Gobierno municipal marbellí, tanto en el orden judicial (sentencias de anulación de licencias y autos de suspensiones cautelares de obras) como administrativo (expedientes de disciplina urbanística).

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas consultadas ayer no supieron precisar el tiempo que empleará en la recopilación de esta información y en la elaboración del documento que se enviará al Consistorio, aunque admitieron que "será breve", porque se trata de poner en orden una documentación de la que ya dispone.

En este proceso se recuperarán las 420 licencias de obras impugnadas por la Junta desde 1995 -209 de ellas correspondientes al mandato de la actual alcaldesa, Marisol Yagüe- y las 20 sentencias emitidas ya por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulatorias de permisos de construcción, así como todas las advertencias que la Administración autonómica ha realizado al Consistorio para que revoque licencias, cumpla órdenes judiciales de paralización o sancione actuaciones ilegales de particulares -en algunas ocasiones la Junta se ha subrogado competencias municipales para sancionar-.

Máximo de cinco años

Una vez que la Junta comunique oficialmente al Ayuntamiento el propósito de retirarle las competencias y dé audiencia a éste, será necesario un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Posteriormente será necesaria la autorización del Parlamento andaluz antes de que el Consejo de Gobierno decrete finalmente el rescate de las competencias municipales sobre planificación urbanística, que, según la ley, podrá prolongarse durante un periodo máximo de cinco años. Según la consejería, el procedimiento estará concluido entre Semana Santa y verano.

El artículo 28 de la ley que entró en vigor ayer prevé la retirada de competencias de planificación a aquellos ayuntamientos que incurran en "graves incumplimientos" que generen situaciones excepcionales e incluso alarma social que pudieran ser calificadas como de "descontrol urbanístico". La Junta, de momento, sólo ha decidido actuar en el municipio de Marbella, donde en los últimos 14 años se han construido 30.000 viviendas en contra de lo que determina el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. La Consejería de Obras Públicas estudia casos de otros municipios con alto número de incumplimientos, como Manilva o Almuñécar.