La Junta, empresarios y sindicatos presionan al alcalde de Alhaurín para legalizar las canteras

El sector de la construcción de Málaga afronta la tercera semana de huelga de los trabajadores de las canteras de Alhaurín de la Torre, con un riesgo cada vez mayor de desabastecimiento. La mesa convocada ayer por la Junta de Andalucía para tratar de dar una salida a la clausura de cuatro explotaciones ilegales por orden judicial se cerró sin acuerdo, aunque todas las partes pusieron la pelota en el tejado del alcalde del municipio, Joaquín Villanova. La Junta entregó al regidor un informe jurídico según el cual el Consistorio puede dar la licencia de actividad a las canteras.

Tras casi cuatro horas de reunión en la Delegación de Gobierno de la Junta, sindicatos, empresas, Ayuntamiento y administración autonómica levantaron la mesa ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Finalmente, no fue invitada la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, cuyas denuncias llevaron al cierre judicial de cuatro canteras y algunos de cuyos miembros han recibido ataques o amenazas en las últimas semanas. Afuera, se concentraban un centenar de trabajadores y familiares aguardaban. El día anterior, más de un centenar de camiones bloquearon el centro de Málaga en protesta por el cierre de las explotaciones.

La solución a un conflicto que dura dos décadas está, en opinión de sindicatos, empresas y Junta, en manos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. El alcalde, Villanova (PP), asegura que las normas subsidiarias municipales impiden legalizar las cuatro canteras que cerró el miércoles pasado en ejecución de una sentencia firme, que las declara ilegales por carecer de licencia. La resolución da un plazo de dos meses para legalizarlas, algo que ya han solicitado las empresas.

Los servicios jurídicos de la Junta han elaborado un informe, que ayer entregó el delegado del Gobierno, José Luis Marcos, según el cual "las normas subsidiarias no son ningún impedimento". El delegado de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, explicó que dichas normas "prohíben el uso extractivo, salvo para las existentes, por lo que no hay contradicción", aseguró. "La sentencia no declara que las canteras sean inexistentes, sino ilegales", dijo Marcos. "Su preexistencia está perfectamente documentada por el departamento de Minas [de la Consejería de Innovación], por lo que el paso siguiente es la legalización".

Villanova afirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán el informe, pero no quiso dar un plazo. En la reunión, el alcalde propuso que la Junta apruebe el Plan de Ordenación Minero Ambiental (POMA) de la localidad, que según él, "solucionaría el problema de las canteras definitivamente", algo que negó Marcos, que acusó a Villanova de mantener una actitud "cerrada". El POMA "es una manera de ordenar la actividad industrial en esa zona, pero no es una ley, sino un compromiso entre las partes", dijo Marcos.

El secretario general de CC OO en Málaga, Antonio Herrera, manifestó que "la pelota está en el Consistorio". Según el líder sindical, la huelga se mantendrá, y se valorará en asamblea la posibilidad de realizar movilizaciones "más contundentes". Germán Carrasco, portavoz de las empresas extractivas, mostró su deseo de que el conflicto se resuelva lo antes posible.

Las cuatro canteras cerradas dan, según Carrasco, 350 empleos directos (los sindicatos hablan de 200 y la plataforma de 85), y producen entre siete y ocho millones de toneladas de árido al año. Junto con las dos explotaciones legales del municipio, abastecen el 70% de los áridos que se utilizan en la Costa del Sol, y casi el 100% del área metropolitana de Málaga.